Una de las principales diferencias entre los ecosistemas madrileño y catalán de comunicación es la existencia, en el primero, de varios medios dedicados directamente a la agitación política. Páginas web cuya manera de informar raya con la agresividad y cuyos periodistas impiden que otros comunicadores puedan realizar su trabajo con normalidad. De ahí que el Parlament haya querido ponerse la venda antes de la herida y actualize las normas de la acreditación a los medios que cubren información parlamentaria. Cuatro expertos consultados por este diario ven loable el intento de blindar el orden en el desarrollo de la actividad periodística pero ven falencias en el sistema adoptado por la Mesa de la Cámara.
Las críticas a la nueva normativa, diseñada con el apoyo del Consell de la Informació de Catalunya (CIC), son de forma y fondo. El proceso en la Cámara catalana transcurre en paralelo con el reglamento que se prepara en el Congreso de los Diputados. La principal diferencia es que en Cataluña se ha comenzado por las normas y queda pendiente el régimen sancionador -que se hará vía cambio en el reglamento- mientras que en Las Cortes se ha hecho a la inversa.
El primer gran escollo tiene que ver con la potencial constricción del derecho a la información y a la libertad de prensa. “No cabe utilizar el tema de las acreditaciones como un subterfugio para limitar la libertad de información, haciéndolo depender de la configuración del medio para el que trabaja el periodista”, advierte Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. “El principal problema es que con la excusa de la desinformación y las fake news se censure a los medios incómodos”, opina Isabel Serrano, profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense.
Javier Sierra-Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, pone de manifiesto el choque entre la nueva normativa y la carencia a nivel jurídico de una definición actualizada de qué es un medio de comunicación y qué es un periodista. La actual y a la que hace referencia la norma del Parlament es la de medios “institucionalizados”, es decir, que están constituidos como empresas periodísticas, con organización interna e identificación fiscal. O, en el caso de los freelance, que estén contratados o respaldados por un medio de esas características.
“La transformación y diversificación que vemos en los últimos años en el sector de la comunicación origina que sus funciones con relación a la democracia ya no sean patrimonio de los medios convencionales”, explica Sierra-Rodríguez, que recuerda que el Tribunal Constitucional da una protección reforzada a los periodistas ante los ciudadanos para poder informar, pues los considera como los que están en mejores condiciones para favorecer el debate político.
Que se utilice una noción desfasada puede generar problemas. Javier Díaz Noci, profesor de periodismo de la Universidad Pompeu Fabra, cree que la regulación del Parlament, por ejemplo, no se prepara para nuevos perfiles como el de los news influencers, periodistas de cierto prestigio que deciden abandonar los grandes medios y seguir su carrera de manera independiente. El ejemplo de este tipo de profesional sería la periodista alemana Anne Will. Tras dejar de presentar uno de los programas más famosos en la ARD, ahora hace un podcast semanal de periodismo político y tiene 100.000 seguidores en X. “La protección de esas nuevas formas de comunicar es un deber para los ordenamientos jurídicos”, agrega Carmona.
Como ocurrió en el periodismo deportivo hasta hace poco tiempo, recuerda Díaz Noci, la demostración de la existencia de una empresa periodística puede estar a la mano de cualquiera. “Podría dar lugar a la picaresca”, añade. La normativa del Parlament incluye un acuerdo de colaboración con el Consell de la Informaciò de Catalunya (CIC), como instancia para resolver dudas sobre la idoneidad de un medio para ser acreditado o no. Serrano ve positivo que con el CIC se intente cierta autorregulación de la profesión pero recuerda que. al final, “su poder coercitivo y sancionador es nulo” y además muchos medios de alcance nacional no participan. A Díaz Noci le genera dudas el papel de árbitro: “Puedo estar muy de acuerdo con su código deontológico, pero no es una ley”, apunta.
El Parlamento catalán tiene 382 profesionales acreditados, de 52 medios diferentes. Hasta el día de hoy, situaciones como la del agitador ultra Bertrand Ndongo reventando una rueda de prensa en el Congreso han sido como mucho anecdóticas. El acuerdo de la Mesa también incluye unas normas de conducta que buscan mantener el orden y la disciplina. Por ejemplo, evitar comentarios machistas o interrumpir las sesiones o el trabajo de otros periodistas, quejas que se deben levantar formalmente a la Mesa. Sierra-Rodríguez echa de menos que se plantee un sistema de garantías que posibilite oír a quien se proponga sancionar así como la posibilidad de recurso ante la imposición de sanciones, más allá del recorrido judicial. El profesor de la UNED también ve otro vacío: falta un sistema de recursos ante denegaciones de las acreditaciones, comenzando con que, por ejemplo, no se determina el plazo en que se debe dar respuesta a una petición de acreditación.
Desde la dirección de comunicación del Parlament aseguran que ese punto y la gradación de las sanciones se abordarán en una reforma pendiente del Reglamento de la Cámara, que aún no se ha puesto sobre la mesa. Respecto al tiempo de respuesta, siempre ha dependido del tipo de acreditación. El tiempo máximo, explican, sería el equivalente a los 30 días del silencio administrativo.
