Trajes de campaña de tercera mano, camisetas desgastadas, pantalones rasgados… Son solo algunos ejemplos de las prendas que el instituto armado está entregando a los alumnos de nuevo ingreso en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) para hacer prácticas y formarse como agentes. Según denuncia la asociación mayoritaria del instituto armado, Jucil, en un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se trata de una práctica extendida en el que es uno de los principales centros de formación del cuerpo desde hace al menos tres años. Hasta entonces, el instituto armado entregaba uniformes nuevos a todos los alumnos que llegaban a la escuela policial.
Esta semana, explican fuentes de esta asociación de guardias civiles, los integrantes de la 130 promoción «están siendo obligados a devolver toda la ropa que se les entregó al inicio del curso, con el objetivo de que los uniformes sean reutilizados por los alumnos que lleguen el próximo año». En una primera criba, la Guardia Civil desecha los que están totalmente destrozados y después marca los que tienen daños, pero pueden reciclarse para ahorrar costes. Una política que, sin embargo, causa problemas a muchos alumnos, sobre todo a las mujeres, habida cuenta de que muchas se arreglan la ropa a su medida y un año después ese uniforme no encaja para otras compañeras. «Es todo surrealista», censuran.
Al parecer, detalla Jucil, muchas de estas prendas han pasado ya por tres o cuatro promociones anteriores «presentando un evidente estado de deterioro». «Se trata de ropa operativa que se usa a diario, esencial para la formación y las prácticas de los alumnos, que en muchos casos llega con roturas, manchas, costuras dañadas y escasa capacidad de abrigo o protección», advierten. Desde la asociación califican de «inaceptable» que «en un cuerpo de seguridad del Estado con las altas responsabilidades que asumen sus miembros, se continúe permitiendo la dotación de material de tercera mano a los nuevos agentes».
2.000 uniformes antiguos
«No hablamos de un gasto superfluo, sino de la dignidad de nuestros guardias civiles y de su preparación». La asociación reclama al Ministerio del Interior una inversión «inmediata» en uniformes y medios básicos para «los futuros responsables de proteger a la ciudadanía». Este año el instituto armado ha dado a los nuevos alumnos 2.000 uniformes usados y 700 nuevos porque la «promoción anterior era de 2.000 y no había ropa para todos», explican. «El uso de prendas en mal estado no solo merma la imagen institucional de la Guardia Civil, sino que compromete la calidad de la formación y el bienestar físico de los futuros agentes», denuncia Jucil.
Fuentes de esta asociación de agentes, por otro lado, ponen el foco también en el plan que ha puesto en marcha la Dirección General para ahorrar casi un millón de cartuchos al año en las prácticas de tiro «como prueba de las pésimas condiciones en las que se prepara a los agentes». La Guardia Civil se ha visto obligada a asegurarse una reserva mínima de munición tras la cancelación del contrato de compra de 15 millones de balas a una empresa israelí, habida cuenta de que el próximo suministro de munición no llegará hasta el primer trimestre de 2027, como reveló THE OBJECTIVE.
20 cartuchos
Así, han decidido limitar de 25 a 20 los cartuchos que puede emplear cada agente en los ejercicios de tiro que se hacen de manera semestral. De esta forma, según revelan fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo reduce el consumo un 25% y reserva unos 800.000 recambios. A esta medida se suma además la supresión de las prácticas de tiro con arma larga, aunque las fuentes consultadas no detallan desde qué fecha ocurre esto.
En cualquier caso, la reducción de la cartuchería ha creado gran malestar en el seno de la Guardia Civil, habida cuenta del aumento de la criminalidad, ya que el plan limita la práctica de los agentes y esto afecta negativamente al personal que actualmente presta servicio», denuncian distintas fuentes del Cuerpo. La polémica licitación de armamento israelí volvió a trascender en los medios de comunicación con la dimisión del número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. El contrato que Interior decidió mantener activo, frente a las órdenes explicitas de La Moncloa, llevaba la firma de Pérez. Grande-Marlaska asumió el error en primera persona, pero la supervisión del contrato correspondía a su mano derecha.
