La justicia Belga ha otorgado una importante victoria judicial a España en uno de los laudos internacionales por el recorte a las primas renovables. El tribunal ha dictado sentencia favorable a los intereses españoles en relación al embargo sobre los derechos de créditos adeudados por Eurocontrol a Enaire, el gestor de navegación aérea de España, promovido por el fondo Blasket Renewable Investments. España recuperará 75,76 millones de euros más intereses que había depositado para levantar el embargo.
El Tribunal de Primera Instancia de lengua holandesa de Bruselas ha declarado ilegal el embargo promovido por Blasket Renewable Investments para ejecutar la indemnización concedida a los fondos RREEF, al considerar que su cobro choca con el Derecho de la Unión Europea, según la documentación a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL.
La resolución ordena devolver al Estado español los 75,76 millones de euros que había depositado para levantar el embargo, además de los intereses devengados, y revoca la autorización que había permitido retener esos fondos el pasado junio de 2025.
La sentencia declara así ilícito el embargo practicado y ordena la liberación a favor del Reino de España de los fondos consignados, mientras que condena en costas a Blasket y declara la ejecutividad provisional de la resolución pese a una eventual apelación.
De la sentencia se desprende que el tribunal acoge los argumentos defendidos por España basados tanto en la jurisprudencia del TJUE sobre arbitraje intra-UE (Achmea, Komstroy, Micula y Romatsa) como en la normativa europea sobre ayudas de Estado.
El conflicto de los laudos renovables
El origen del litigio se remonta a la reforma del sistema de incentivos a las energías renovables aprobada por España en 2013 bajo el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy.
Los fondos RREEF acudieron al arbitraje internacional al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía y, en 2019, obtuvieron un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que reconocía una indemnización de 59,6 millones de euros, más intereses.
Tras adquirir el crédito en 2022, Blasket trató de ejecutar la resolución en Bélgica mediante el embargo de cantidades que Eurocontrol debía abonar a España.
La medida fue autorizada en junio de 2025 y ejecutada al mes siguiente, hasta que el Estado español depositó la suma exigida para conseguir el levantamiento del embargo. Ahora, otro tribunal se ha pronunciado a favor de España con una sentencia que se apoya en dos argumentos principales.
Por un lado, considera que la ejecución del laudo resulta incompatible con el Derecho comunitario, al estar relacionado con una controversia entre inversores y un Estado miembro de la UE, en línea con la jurisprudencia europea sobre arbitrajes de inversión intracomunitarios.
Por otro, apunta a los problemas que plantea la indemnización desde la perspectiva de las ayudas de Estado, cuya concesión y ejecución están sujetas al control de la Comisión Europea.
El fallo no anula el laudo arbitral, pero impide su ejecución en este procedimiento en Bélgica y obliga a Blasket a asumir las costas procesales. La resolución supone así un nuevo obstáculo para el cobro de las compensaciones reclamadas por los inversores afectados por los cambios regulatorios españoles.
Los fondos reclaman 1.750 millones a España
No obstante, la batalla judicial sigue su curso con decenas de reclamaciones que los fondos están litigando con España en tribunales de todo el mundo.
Hace a penas unos días, el Tribunal de Apelación de Singapur desestimó un recurso presentado por España contra el registro del laudo arbitral del caso NextEra, condenando al país por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables y manteniendo así el reconocimiento de una indemnización de 291 millones de euros.
En conjunto, los inversores han presentado 51 demandas de arbitraje contra España por más de 10.000 millones de euros, aunque la cuantía reconocida por los tribunales es sustancialmente inferior.
Una investigación publicada en septiembre de 2026 por el International Law Compliance Institute, un think tank con sede en Holanda dirigido por el jurista y académico Nikos Lavranos contabiliza 25 laudos impagados por España y cifra en 2.000 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros) el importe total de los laudos pendientes de pago por parte de España.
Los fondos acreedores, entre ellos Blasket Renewable Investments, tratan de ejecutar estas compensaciones en distintas jurisdicciones internacionales, mientras el Gobierno español sostiene que buena parte de los pagos son incompatibles con el Derecho de la UE.
