La primera toma de contacto entre el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y los diferentes agentes implicados en el plan de 350 millones de euros suscrito entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para la recuperación del enclave natural de Doñana se ha saldado con el acuerdo con los 14 Ayuntamientos del área de influencia del Parque Natural para el reparto de 70 millones en ayudas. Se trata de fondos que se destinarán a impulsar una diversificación económica necesaria para adaptarse a una nueva realidad en la que la fresa y los frutos rojos dejarán de ser su principal fuente de ingresos y de empleo una vez que se acometa el proceso de reconversión que prevé el marco de actuaciones aprobado en noviembre de 2023.
“La finalidad de estos fondos es facilitar la diversificación de la actividad económica en los territorios, lo que se conoce como procesos de transición justa allí donde existe una dependencia muy acusada de un sector económico concreto”, ha señalado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras su encuentro con los 14 alcaldes de municipios del entorno de Doñana distribuidos entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. “Lo que fundamentalmente intentamos es conseguir generar apoyo para que activen líneas de desarrollo económico y de generación del empleo que abran el abanico de la capacidad de aprovechamiento de los recursos en esos territorios”, ha abundado.
La de los regidores ha sido la primera reunión que Morán ha mantenido en Sevilla en la mañana de este martes y de la que se esperaba salir con una solución concreta. En el resto de las previstas, con agricultores y regantes y con colectivos ecologistas y sociales, respectivamente, el Miteco pretende escuchar sus propuestas para ultimar el diseño de las ayudas anuales en función del cambio de cultivo que deben incluirse en las órdenes que regularán el resto de subvenciones previstas en el plan. Estas ayudas son las que contribuyeron de facto a resolver el conflicto iniciado por el Gobierno andaluz, que avaló la ley impulsada por PP y Vox que ampliaba los regadíos en el entorno natural favoreciendo a los agricultores que habían esquilmado sus acuíferos de manera ilegal, y que este nuevo acuerdo consiguió tumbar.
“Nuestras propuestas son las que están recogidas en el marco de intervención de Doñana, e incluso hay cuantificaciones iniciales de disponibilidad de presupuesto para cada una de las líneas, pero puede haber variaciones y traslados de financiación de unas a otras en función de cuál sea el resultado de lo que vayamos escuchando”, ha señalado Morán. Los representantes de los agricultores, regantes y grupos ecologistas consultados, sin embargo, han acudido a la reunión convencidos de que iba a ser el Miteco quien les iba a trasladar sus propuestas. “Vamos a escuchar en principio porque no tenemos propuestas para opinar”, reconocía un día antes del encuentro Juanjo Carmona, portavoz de WWF, un comentario que compartían representantes de las organizaciones agrícolas antes de entrar en su reunión.
Polémica por los criterios de reparto
A diferencia de estas órdenes de subvenciones, que son en concurrencia competitiva, las ayudas a los Ayuntamientos se distribuyen en función de una aplicación de recursos que se distribuye con unos mismos parámetros para todos los municipios. El Gobierno decidió que fueran los 14 consistorios implicados —Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa― quienes consensuaran los criterios de esa distribución, pero el acuerdo solo ha sido posible entre 12 de esos municipios. Almonte e Hinojos, los que ocupan la mayor superficie del entorno natural de Doñana (el 65%), se desmarcaron de su propuesta mayoritaria, que, sin embargo, ha sido por la que finalmente se ha decantado el ministerio que, como ha dicho Morán, comparte los criterios de reparto.
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“Son 14 municipios todos ellos en igualdad de condiciones”, ha señalado el secretario de Estado. Los criterios para el reparto de los 70 millones se han establecido compatibilizando parámetros como la superficie, el número de habitantes, el PIB y la situación socioeconómica de cada uno de ellos. Además, se ha estipulado un máximo de ocho millones, que recibiría Almonte (el que más), 5,9 Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda; 5,6 millones Moguer y 4,1 Bollullos, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos, Pilas, Rociana y Villamanrique.
Estas partidas deberán ser destinadas a cinco líneas de intervención: ciclo del agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de ciudades y proyectos vinculados a la sostenibilidad del territorio. También se han cerrado los siguientes pasos a seguir para que el adelanto del 50% de esos fondos se produzca este mismo año y la otra mitad en 2025, siempre trabajando con el horizonte de ejecución total de 2027. El primer trámite será sacar el acuerdo a consulta pública, luego se firmará un protocolo entre los 14 Ayuntamientos y el ministerio, después se aprobará el real decreto y finalmente se firmará el convenio individualizado con cada consistorio en el que se concretarán los proyectos que cada uno de ellos va a ejecutar. Para que se cumplan con el adelanto estos convenios deberían firmarse a lo largo de 2024.
“Este mecanismo es el que se aplica a los territorios donde se destinan fondos de transición justa para que, en igualdad de condiciones y sobre unos parámetros iguales para todos los municipios se distribuye el protocolo”, ha indicado el secretario de Estado sobre el criterio de distribución aprobado. Morán ha tratado así de aplacar los ánimos de los alcaldes de Almonte e Hinojos (Huelva), que han salido del encuentro visiblemente molestos por los criterios adoptados.
“No nos ha quedado más remedio que aceptar, pero no somos complacientes con el acuerdo”, ha afirmado a este diario Paco Bella, el regidor de Almonte. “Me sorprende que el ministerio hable de incrementar la sostenibilidad y la biodiversidad y en el reparto los que más población y recursos destinamos a la conservación del Parque no se nos tenga tan en cuenta. Se han puesto en contra de la población que sostiene Doñana”, ha añadido. Ellos habían planteado hasta tres opciones alternativas en las que se pondera su presencia en el enclave natural y que, en el mejor de los casos, dejaba a Almonte con 20 millones y a Hinojos con nueve. “Hay municipios que van a recibir cuatro y no tienen un metro cuadrado en Doñana”, insiste Bella. Morán ha recordado que ya existen otras ayudas por pertenecer al Parque Nacional o su perímetro de las que se benefician estos municipios.
“Los vecinos que viven de la fresa están nerviosos y preocupados por la aplicación del acuerdo”, reconoce a este diario Juan Antonio García, alcalde de Bonares (Huelva) y uno de los principales defensores del criterio de reparto de los 70 millones aprobado por el Miteco. Su municipio es uno de los que forman parte de la Corona Norte de Doñana y estuvo en el epicentro de la polémica durante la tramitación de la ley de regularización de regadíos que ha sido abandonada. Ahora se prepara para un futuro en el que los frutos rojos no van a tener tanta influencia en la economía. “El sector servicios también se va a resentir, pero hay que adaptarse”, señala. Cree que en dos años se empezarán a ver los efectos del último plan para salvar Doñana.
Pisar el acelerador
El Miteco quiere acelerar el proceso para poder convocar las órdenes de ayudas a agricultores y resto de agentes sociales, institucionales y económicos cuanto antes, máxime después de que esta primera reunión se hubiera retrasado más de una semana por la inclusión por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de unas cláusulas relativas a los derechos de uso del suelo forestal en un macro decreto de simplificación administrativa que podría alterar las bases del pacto de Doñana. La ministra Ribera ordenó suspender el inicio de ese encuentro hasta que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno no eliminara esa redacción del texto, que amnistiaba a los agricultores que habían cultivado frutos rojos en suelo forestal junto a la reserva ecológica, y la nueva versión se publicara en el BOJA.
Lo que ya está empezando a ser ejecutado o está en proceso de licitación son todas las obras y trabajos relacionados con el primer marco de intervención, dotado con 356 millones, dirigidos específicamente a actuaciones de carácter medioambiental, en especial al ciclo del agua. En este sentido, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado que este lunes se aprobó la evaluación ambientar del EDAR de Matalascañas.
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