―Íñigo, recuerda que votas en tu escaño y no donde estás.
El mensaje de WhatsApp le llega a Íñigo Henríquez de Luna acompañado de emoticonos de alarmas. Son las 16.59 del 1 de febrero y este diputado de Vox está sentado desde las 10.00 en el escaño 126 de la Asamblea de Madrid, que debería estar vacío: su ocupante previo ha dimitido, y el siguiente aún no ha asumido el acta. Según documentación a la que accedió EL PAÍS, la advertencia llega hasta el teléfono de Henríquez de Luna desde el móvil de otro diputado de Vox, Ignacio Arias, que tras siete horas de pleno se ha dado cuenta de que lleva toda la sesión parlamentaria del 1 de febrero sentado en el lugar incorrecto. Esas 11 palabras de alarma pudieron ser la cura para una herida menor, pero al final se convierten en el origen de una tragedia mayor: desencadenan una cadena de acciones que acaba con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, investigada por emitir un voto irregular.
La líder de la extrema derecha se enfrenta ahora a “una sanción grave” que, de concretarse, supondría suspender sus derechos como diputada hasta 30 días, según se recoge en el pliego de cargos firmado por la instructora del caso, Mercedes Zarzalejo, del PP. La sanción, además, podría llegar a poner en riesgo una parte proporcional de su sueldo y de la subvención de Vox, según una fuente parlamentaria. Todo ocurre así.
1 de febrero de 2024. Pleno de la Asamblea de Madrid. Antes del comienzo de las votaciones, Enrique Ossorio, presidente de la Cámara, informa a los diputados de lo siguiente: “Antes de empezar a votar, les aclaro que un diputado, por error, ha apretado el botón de presencia en dos escaños distintos, por tanto ―yo no he señalado a nadie―, en el panel de votaciones aparecerá un diputado presente más de los que estamos realmente. Se lo aclaro, restaremos uno”.
Henríquez de Luna ha sido descubierto en su intento de llenar el vacío que deja a la derecha de Monasterio el escaño sin ocupar, que hubiera brillado con luz propia en televisiones y fotografías en un momento de crisis interna donde la figura de la líder está siendo cuestionada. Sin embargo, de las palabras de Ossorio, y de su tono, se deduce que la Mesa del Parlamento considera un asunto menor que haya activado ese escaño. Materia para comentar en el bar, donde todos los diputados pierden la fiereza del pleno para departir con alegría. Ocurre que lo más grave sucede después.
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“Motivada por la advertencia realizada por el presidente de la Cámara del error ocurrido antes del comienzo de la primera votación, la portavoz del GPVOX intentó desactivar el sistema de votación pulsando varias veces distintos botones, lo cual no consiguió, y ocasionando que en la primera votación se contabilizara un voto de más”, se lee en una de las 334 páginas que componen el escrito de alegaciones que Monasterio presentó el 11 de marzo. “La portavoz desconocía el hecho, a la postre relevante, de que los sistemas de votación no podían ser apagados una vez que el control de presencia quedaba activado”, sigue. “En las cinco votaciones posteriores, no se vuelve a producir el incidente acaecido, prueba evidente de su involuntariedad”.
Pero la polémica ha estallado, y ya nadie puede controlarla. El PP ve una oportunidad para cobrarse las facturas pendientes tras dos legislaturas (2019-2023) negociando a cara de perro todas las iniciativas con Vox.
Primero actúa el presidente de la Cámara, que anuncia públicamente la existencia de una investigación que bien podría haber ejecutado en privado. Luego dispara el portavoz parlamentario de los conservadores: “Estoy seguro de que la Mesa va a tomar las decisiones adecuadas para resolver este caso, que parece tratarse de un voto fraudulento de la señora Monasterio”, dice Carlos Díaz-Pache. Y luego remata la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
“Si usted va por una carretera en la que tiene que circular a 80 [kilómetros por hora], y la pillan a 140, señora Monasterio, usted comprenderá que tendrá que ser multada”, ironiza la baronesa conservadora en un pleno, mirando a Monasterio a los ojos. “Lo que no se ha visto en la vida es que vote por otro diputado que se ausenta”.
Monasterio asiste al desarrollo de los acontecimientos revolviéndose en público contra un destino que considera cierto, igual que el gladiador que combate en la arena, pese a que sabe que en el fondo su futuro está escrito. “Es una cacería política”, lanza. Pero, en privado, cuando le toca defenderse por la vía del derecho, cambia el tono.
En su argumentación, Vox reduce el incidente a un error “humano” e “involuntario”. Y para sustentar esta tesis, usa un ejemplo que huele a pólvora: Ossorio, sostiene Monasterio en su escrito de alegaciones, se equivocó calculando mal el número de diputados presentes en cinco de las seis votaciones.
Imposible jurídico
Además, en el documento se afirma que la portavoz “no ha cometido infracción alguna”; y que acusarla de intentar alterar la votación es “un imposible jurídico”, “puesto que el voto que presuntamente accionó no existía”, ya que todo el mundo conocía que a Vox le faltaba aquel día un diputado.
Finalmente, frente a la posibilidad de ser sancionada, establece que no existía intencionalidad, ni persistencia en la conducta investigada, ni perjuicio causado, pues el voto irregular no alteró el resultado. Y reclama que los servicios de la Cámara informen acerca de otros incidentes ocurridos en la Asamblea de Madrid en los que un diputado haya votado desde un escaño distinto al asignado.
Pero son fuegos de artificio, la última brazada del náufrago que ve la costa sin poder llegar a ella: aunque Ossorio ha arbitrado un proceso garantista, que ha consumido ya mes y medio en sus trabajos, todo el mundo en la Asamblea ve más cerca la sanción que el perdón.
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