El exconcejal del PSOE en Madrid Chema Dávila ha sido condenado por un delito de agresión sexual contra una exmilitante socialista y trabajadora de la sede de Ferraz, según cuentan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE y confirman ambas partes. La condena incluye un año de prisión, una pena de inhabilitación especial por un periodo de cuatro años y una indemnización a la demandante por un importe de 8.000 euros en concepto de reparación de daños morales. El caso tiene especial trascendencia en el PSOE porque la víctima fue una trabajadora de Ferraz, quien también denunció posteriormente, en 2023, al diputado de la Asamblea de Madrid Javier Guardiola por un presunto delito de violación cuando eran compañeros en las Juventudes Socialistas de Madrid, que lideraba el propio Guardiola.
Hace un mes, en mayo del 2024, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo de la causa contra Guardiola, que fue sobreseída siete meses antes por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, por «no resultar debidamente justificada la perpetración del delito» y presentar un relato «poco sólido y convincente». El primer archivo de la causa fue el 19 de octubre de 2023. Un mes después, la víctima fue despedida de Ferraz, en noviembre de 2023. Fuentes socialistas explican que «fue el propio Guardiola el que exigió a Ferraz que se le despidiera por una denuncia falsa» contra él. Algo que permitió su rehabilitación política posterior, al fichar como portavoz de Interior, Agricultura y Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid.
Pocas semanas después de la petición de Guardiola, en noviembre de 2023, Ferraz ejecutó el despido de la entonces trabajadora socialista, tras un año y medio con diferentes tipos de contratos. Entró en la sede socialista en junio del 2022, donde se le contrató en el área audiovisual con la intención inicial de «protegerla» tras interponer la denuncia contra Chema Dávila. «Querían ayudarla, pero también controlar el asunto y que ella no hablara», explican las fuentes socialistas consultadas. Un año y cinco meses después, se le comunicó su salida sin previo aviso. «Fue un cese fulminante, no un despido», porque la víctima había sido contratada a principios de año como asistente del Congreso de los Diputados, al igual que una gran parte de los trabajadores de Ferraz, como adelantó THE OBJECTIVE. Su fichaje como asistente del grupo parlamentario, primero del Senado (febrero del 2023), y posteriormente del Congreso (noviembre del 2023), permitió que se le cesara sin alegar motivo alguno ni exponerse a una demanda por despido improcedente. Fue la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien se lo comunicó «sin previo aviso, con media hora de antelación, y alegando cuestiones de capital».
Un cese que se comunicó a la trabajadora el día 20 de noviembre, y fue publicado tres días después en el Boletín Oficial de las Cortes. Desde el momento de la agresión sexual, en noviembre de 2021, la víctima había estado recibiendo atención psiquiátrica, con tratamiento de medicación para la ansiedad. Una situación «de extrema vulnerabilidad», según sostuvo la abogada de la exmilitante socialista durante el juicio a principios de junio. «Ferraz lo sabía porque la veía, ella no estaba bien», explican estas fuentes de su entorno. Dos años y siete meses después, las mismas fuentes explican a este periódico que está «contenta de que por fin haya terminado y poder cerrar el tema». Y «tranquila» porque esto pueda servir para evitar otros casos en el futuro.
El condenado recurrirá la sentencia
Este periódico se ha puesto en contacto con el condenado, Chema Dávila, que adelanta a THE OBJECTIVE que recurrirá la sentencia, tras perder el juicio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. Como defendió en su declaración en el tribunal, Dávila sigue defendiendo que «no pasó absolutamente nada» y que «recurriré en la instancia superior para defender mi inocencia, con la esperanza de que la situación se aclare finalmente». La notificación de la condena le llegó hace unos días.
Según consta en la sentencia a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el tribunal condena al exconcejal socialista «como autor de un delito de abuso sexual previsto en el artículo 181 del Código Penal», a un año de prisión; la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena; la pena de inhabilitación especial «para cualquier profesional u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de cuatro años»; la medida de libertad vigilada por un tiempo de un año, así como la obligación de participar en un programa de formación en materia de educación sexual; la indemnización a la víctima por importe de 8.000 euros, y el pago de las costas del proceso.
La doble vara de medir y el ‘freno’ de Ferraz
Al margen de las diferencias evidentes entre los casos de Dávila y Guardiola, en el PSOE de Madrid todavía relatan la doble vara de medir de la dirección socialista en la fase inicial de ambos casos. A Chema Dávila, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hasta 2019 y ex secretario general del PSOE de la agrupación de Centro, se le expulsó del partido en 2021, nada más conocerse su denuncia por presunto abuso sexual, mucho antes de la apertura de juicio oral que fijan los estatutos como el momento de suspensión cautelar de militancia. Establecido el modus operandi, cuando en 2023 se presenta la denuncia contra Javier Guardiola, el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, fue partidario de actuar con el mismo proceder. Pero fuentes de la dirección socialista confirman que «Ferraz frenó a Marta Bernardo», la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, y «se le ordenó mantenerle porque es un protegido de Santos Cerdán». No en vano, tras el archivo definitivo de la causa y su pertinente rehabilitación política, Javier Guardiola está en boca de múltiples sectores del partido en Madrid como «el tapado para suceder a Juan Lobato en la Secretaría General del PSOE-M».
Dávila no es un desconocido en el PSOE de Madrid. Amigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, fue presidente de la agrupación de Centro y quien se presentó a las primarias contra el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, para liderar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid en 2019. Pocos meses después, dejó de ser concejal y se dedicó a la agrupación socialista de Centro, en donde coincidió con la denunciante que le acaba de ganar el juicio por un delito de abuso sexual.
