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«Leo con desánimo en los medios de comunicación que se va a adjudicar otra obra, pero ya veremos a ver cuándo se autoriza, porque el que la tiene que autorizar es el Guadiana, y ya veremos a ver si se autoriza o en qué condiciones». Esta frase lapidaria corresponde al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y fue pronunciada en un encuentro informativo celebrado en Los Pedroches a finales de octubre pasado que giraba en torno al futuro de la comarca.
Fue premonitorio porque casi seis meses después, lo que vaticinó Moraleda es lo que ha ocurrido: la CHG no autoriza el proyecto de la Junta de Andalucía para terminar la conexión de La Colada con Sierra Boyera y dar agua al norte de Córdoba. Bueno sí, salvo una nueva dotación eléctrica de media tensión para dar suministro a la estación elevadora cuyos generadores se colapsaron en junio de 2023 en la obra de emergencia hecha por el ente hidrográfico entonces.
Pero además sus argumentos coinciden ahora con alguna de las razones (si no casi todas) que esgrime la resolución de la Confederación Hidrográfica que sí ha autorizado la explotación del agua por la Diputación que tendrá que usar las tuberías y el sistema ejecutado por el Gobierno por 4,2 millones en 2023.
«Me parece que sería un desastre para nosotros, como dirección técnica que llevó la obra, sería un fracaso que se hiciera una repetición o una segunda obra para llevar agua cuando esta ya funciona», insistió entonces Moraleda, que apeló al «principio de recuperación de costes obligatorio» para hablar de los 9 millones de la obra de la Junta que «se tendrán que repercutir en el usuario, no lo digo yo, lo dice la normativa de aguas». La ineficiencia económica es uno de los argumentos de rechazo. La Junta de Andalucía dijo en su día que esta obra no se repercutiría en los usuarios al estar financiado por el canon de agua ya cobrado en su momento.
Claves tras la decisión de la CHG
La decisión ha sentado como un jarro de agua fría en el seno de la Junta de Andalucía y la propia Diputación de Córdoba, que ha llegado a amenazar a la CHG con los tribunales hace unos días por la demora en la resolución de un trámite que solicitó en junio de 2024, aparejado con esta obra de la Junta, adjudicada en octubre pasado a Jicar por 9,2 millones de euros y un año de plazo.
Es la peor de las respuestas que podían esperar ambas administraciones gobernadas por el PP. Y esta decisión de la CHG no deja resquicio a la duda del tufo político que adquiere este asunto, un problema básico para 80.000 habitantes de la provincia de Córdoba que estuvieron sin agua para consumo doméstico durante más de un año (abril 2023 a marzo de 2024).
Contaminación del agua
Curiosamente en la resolución del ente hidrográfico no se alude a la contaminación del agua de su pantano, los niveles de carbono orgánico total que llevaron a la Junta de Andalucía a prohibir su consumo y que a día de hoy se desconoce en qué situación están. Un agua que ni siquiera tratándola en la ETAP de Sierra Boyera pasaba el corte, aunque en todo este tiempo se ha mejorado y mucho esa estación potabilizadora.
Alegaciones al proyecto original
La medida del ente que depende del Ministerio de Transición Ecológica deja ahora un reguero de incógnitas. La primera es la posición que pueda adoptar la Junta de Andalucía incluso la Diputación de Córdoba y que, según las fuentes consultadas por ABC, no descartarían llevar el asunto a los tribunales.
Sobre todo porque entienden que durante el trámite de exposición pública de la obra de La Colada, la Confederación no se pronunció en ningún momento para alegar las objeciones que ahora, tiempo después, sí plantea. Si antes era el proyecto correcto y no puso pegas, ahora considera todo lo contrario cuando se va a proceder a empezar la obra.
Una empresa sin obra
La negativa le deja a la Consejería de Agricultura y Pesca que lleva la gestión del agua una bomba de relojería con una empresa: la cordobesa Jicar, con quien ha firmado un contrato para ejecutar un proyecto determinado que ahora no se puede llevar a cabo. Ni siquiera la parte eléctrica autorizada, que dejaría en el alero de la empresa la negativa a tener que asumir una mínima parte de una obra presupuestada por ellos. Tendría derecho a a pedir una reclamación económica y dejar la obra, abriendo otro frente.
Obra no; acometida eléctrica, sí
Otro de los elementos que llama la atención de este pronunciamiento oficial de la CHG es cómo rechaza un proyecto contraponiendo la validez del que hizo de forma provisional en 2023, pero sin embargo admite que le hagan una parte de acometida eléctrica para el bombeo del agua del embalse. Si la actuación de emergencia «satisface ya el aprovechamiento de aguas», como indica este martes el órgano de cuenca, ¿por qué admite que debe mejorarse en el apartado eléctrico, fundamental para sacar el flujo y distribuirlo?
¿Agua contaminada…autorizada?
Nada dice tampoco el ente hidrológico sobre la situación actual de las aguas de La Colada y sus niveles de contaminación en elementos como el carbono orgánico total (COT). ¿Puede autorizar la explotación de unas aguas que están contaminadas a la Diputación de Córdoba? Es un debate paralelo que se ha mantenido sobre la responsabilidad de esta contaminación. Desde que se inauguró el pantano de La Colada en 2006 no ha funcionado a pleno rendimiento con su red de abastecimiento secundaria. Sólo semanas atrás por las lluvias tuvo que liberar agua por su llenado.
Pese a una mala calidad, la estación de tratamiento de Sierra Boyera, en la que la Diputación de Córdoba, con fondos de la Junta, ha invertido 4 millones de euros para mejorar su capacidad y filtrado, bastaría para adaptarla a la normativa. Esa y otras actuaciones de la institución provincial sobre la propia lámina del pantano. La buena situación de las reservas de Sierra boyera ha hecho que de momento el norte se abastezca de aquí. La CHG es responsable del agua que hay en ese pantano, si bien, las críticas desde el ente han ido dirigidas a municipios sin un buen sistema de depuración y a la actividad ganadera.
Papel de la Diputación
Otra clave es el papel en que queda la Diputación de Córdoba ahora mismo. Le autorizan a explotar el agua de La Colada, un suministro básico, pero tendrá que usar por ahora el sistema de emergencia ejecutado por la CHG y no el de la Junta de Andalucía.
De momento, como se ha dicho, la institución provincial está tirando de Sierra Boyera cuyos niveles de llenado permiten el suministro durante un par de años sin mayor problema. Cierto es que el presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de regenerar las aguas de La Colada y garantizar una estructura de abastecimiento fija en la zona para evitar los problemas derivados de la última sequía.
18 meses de trámite
Fuentes había pedido como la Junta deslindar las dos actuaciones en los permisos: por un lado la explotación del agua y por otro el proyecto de obra de la Junta. Parece que la Confederación le ha tomado la palabra y respondido autorizando una y desautorizando otra. En una entrevista con ABC el pasado 21 de noviembre de 2024, el propio Samuel Moraleda indicaba: «Hasta que no se resuelva la concesión de agua, porque va ligada una cosa a la otra, no se autorizan las obras».
De momento a la Junta le seguiría quedando tiempo -Moraleda dijo en esa entrevista con ABC que tenían hasta 18 meses para autorizarla– para poder volver a insistir en el proyecto, cambiarlo o desistir y terminar fuera de los despachos -en los últimos meses ha habido varias reuniones técnicas entre las partes-, esto es, en los tribunales.
