La investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la fuga de Karim Bouyakhrichan, alias Taxi, considerado uno de los principales jefes de la Mocro Maffia, descarta que existiera descoordinación entre los tres juzgados implicados en el caso. “La toma de decisiones fue diligente y cumpliendo en todo momento con las normas procesales aplicables”, sostiene el escrito, de 14 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El informe, firmado por la jefa del servicio de Inspección, no entra a valorar el fondo de las decisiones judiciales que permitieron que Bouyakhrichan quedara en libertad pese a existir una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). La orden había sido tramitada por las autoridades de Países Bajos, donde está asentada esta estructura criminal integrada principalmente por delincuentes de origen magrebí.
La excarcelación y posterior fuga del líder de la Mocro Maffia causaron un terremoto judicial y policial a finales de abril, cuando trascendió que Bouyakhrichan estaba en paradero desconocido tras haber sido puesto en libertad en febrero por orden de la Audiencia Provincial de Málaga. Su detención, el 9 de enero en las inmediaciones de los juzgados de Marbella, había sido un logro para la Policía, que unas horas antes había visto como se le escapaba en moto cuando lo tenía localizado en un operativo del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO). Al día siguiente, el 10 de enero, el capo mafioso ingresó en prisión provisional acusado de un delito de blanqueo de capitales, y, poco después, las autoridades judiciales de Países Bajos lanzaron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra él por narcotráfico.
Sin embargo, una sucesión de decisiones de los tres juzgados implicados en el caso (el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional) acabaron con la puesta en libertad de Bouyakhrichan el 22 de febrero. Tenía obligación de presentarse cada 15 días en los juzgados, pero dejó de hacerlo a principios de abril.
El informe encargado por el pleno del CGPJ para investigar lo ocurrido recoge todas las resoluciones judiciales dictadas desde que el líder de la Mocro Maffia fue encarcelado hasta que se le perdió la pista, y descarta que hubiera descoordinación: “De lo expuesto cabe deducir que no se observan disfunciones en la actuación y comunicación entre los distintos órganos judiciales implicados”, concluye el escrito. El texto alaba la “diligencia” de las actuaciones, “sin perjuicio del contenido de las decisiones que se adoptaron con el criterio jurisdiccional que se consideró oportuno en cada momento, sin descoordinación entre ellos”.
El informe de la Inspección incluye un cronograma de las actuaciones desarrolladas por cada uno de los tres juzgados implicados, cada una por separado, sin contraponerlas entre sí. El CGPJ, que ha informado de que su Comisión Permanente ha tomado conocimiento del informe este jueves, asegura que el Servicio de Inspección, encargado de la investigación, “no puede emitir valoración alguna sobre las decisiones de contenido jurisdiccional”. Por tanto, el documento elaborado por el Consejo no se pronuncia sobre las principales controversias del caso, como por qué la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ordenó la puesta en libertad de Bouyakhrichan, con una fianza de 50.000 euros, o el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de ejecutar la OEDE, ordenara ejecutar la OEDE el 15 de marzo y, aun así, nadie se percatara de la fuga del capo hasta que, a mediados de abril, no se presentó a su comparecencia quincenal en los juzgados.
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