El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el 29 de octubre de 2024 que suspendía el contrato de compra de munición de 9 milímetros adjudicado al fabricante israelí IMI Systems. Lo hizo, además, señalando que excluiría a esta empresa de futuros procesos de compra. Pese a ello, formalizó el contrato la pasada semana y ahora ha tenido que anularlo -pudiendo tener que pagar 6,8 millones de indemnización– por las presiones de sus socios. Sin embargo, el Gobierno rompió su promesa no ahora, sino sólo unos días después de hacerla: el pasado diciembre otorgó un contrato a Elbit, la matriz de IMI Systems, para el suministro de piezas para morteros del Ejército de Tierra. De hecho, aprobó el gasto 15 días después de anunciar que cancelaría cualquier contrato de armas con Israel.
«Trasladamos el compromiso del Gobierno de España de no comprar ni vender armamento desde el pasado 7 de octubre de 2023, eso sigue intacto», señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Un día antes, el Ejecutivo había anunciado que ponía en marcha «el proceso para rescindir la adjudicación» de la compra de cartuchería para la Guardia Civil a IMI Systems, así como la exclusión de empresas israelíes como licitantes de otros expedientes en marcha.
El compromiso, sin embargo, duró poco. Un mes después, el 1 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa firmaba un contrato de «servicios de reparación y mantenimiento de sistemas de armas» destinado a la adquisición de piezas para el mortero Cardom. Un arma que fabrica Elbit, adjudicataria de este contrato, que a su vez es matriz de IMI Systems. La división especializada en munición a la que el Gobierno había vetado apenas unas semanas atrás.
Autorizado a los 15 días del veto
La firma del contrato se produjo el 1 de diciembre de 2024 por parte del jefe de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército y por el apoderado de Elbit Systems Land LTD, Shay Sharon. En la documentación del contrato consultada por THE OBJECTIVE aparece también otra fecha reseñable: el 14 de noviembre de 2024. Ese día, el Gobierno autorizó el compromiso de gasto para este contrato, por lo que ya tenía luz verde administrativa para ejecutarse. Sólo habían pasado 15 días de aquella rueda de prensa del Consejo de Ministros anunciando el veto.
Fuentes militares explican a THE OBJECTIVE que estos contratos para repuestos y mantenimiento se firman anualmente a final de año, de forma que se reponen las piezas utilizadas durante ese ejercicio y se dejan los talleres del Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería con suficientes provisiones para el siguiente. En el caso del contrato del pasado diciembre rondó los 50.000 euros, mientras que un año atrás había sido algo mayor, de 82.000 euros.
Se trata de un contrato menor, en vista a las cifras que manejan los negocios de la Administración con las empresas armamentísticas, pero, sin embargo, es sintomático de la encrucijada en la que se ha introducido el Gobierno por decisión propia. El veto a empresas israelíes es «inasumible en términos operativos para las Fuerzas Armadas», señalan las fuentes consultadas en el Ejército, ya que supone dejar sin línea de abastecimiento de repuestos a muchos de los sistemas de armas y comunicaciones que a día de hoy utilizan los soldados españoles. No hay más opción en el mercado: o se compran, o ese material queda inservible.
Recuerdan estas fuentes que estos morteros Cardom israelíes son una de las armas más efectivas, por su poder de disuasión, para las unidades terrestres desplegadas en misiones internacionales. Fueron claves para ejecutar con seguridad la retirada de tropas de Afganistán.
Además, Elbit, matriz de la vetada IMI Systems, es también el fabricante elegido en enero de 2023 para suministrar radios de campaña para comunicaciones encriptadas E-LynX. Una tecnología en la que la industria israelí es puntera.
