José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego que ha envejecido a la sombra de los penales, está en libertad vigilada y se está preparando para la total. Su vida ha estado marcada por entradas y salidas de prisión para encadenar descargas de droga cada vez más arriesgadas, resistiéndose así a abandonar su estatus de gran capo. El “jefe”, como le llaman sus lugartenientes en el negocio, cumplió 69 años en octubre y en unos días se enfrentará al juicio que le puede traer su última condena: más de tres décadas de pena por un transporte de casi cuatro toneladas de cocaína en 2018. Lo hará con el tercer grado ya formalmente concedido en Segovia, aunque no lo disfrutará hasta más adelante pues debe pasar primero por un periodo de preparación. La libertad condicional se la acaban de otorgar por los retrasos en este macroproceso con 46 implicados, entre ellos el que fuera su abogado y supuesto cómplice, Gonzalo Boye, asesor de Carles Puigdemont. Al superar los cuatro años de prisión preventiva, todos los presos han sido excarcelados.
El juicio de la Operación Mito arrancará en la Audiencia Nacional el próximo 18 de noviembre tras seis años de instrucción. Prado Bugallo ya se había despedido de la cárcel de Segovia para depender del Centro de Inserción Social (CIS) de esta provincia como interno en segundo grado, un paso previo a la libertad condicional que, por otro lado, quebrantó en dos ocasiones anteriores. El gran mito de entre los históricos del narcotráfico en Galicia cayó con todo su equipo en febrero de 2018, incluyendo sus viejas infraestructuras, entre ellas el astillero Burás en Cambados (Pontevedra), su pueblo natal, donde ya preparaba sus primeras planeadoras para el desembarco del tabaco americano de contrabando en los años ochenta. La definición de un personaje como Sito Miñanco le da nombre a la operación policial.
Miñanco ha vivido en un constante desafío. La investigación muestra al capo en su última etapa, dando un salto en busca de nuevos socios y puntos de aprovisionamiento. México y Ecuador estaban entre sus objetivos para dejar a los colombianos, que siempre fueron sus principales socios. En ese momento, enfilaba su juicio por blanqueo de dinero, en el que arrastró a su exmujer y la hija mayor de ambos. El proceso desempolvó los comienzos de su intensa carrera en el narcotráfico y se llevó por delante la Inmobiliaria San Saturnino, nombre del barrio marinero donde nació. Supuso el decomiso de bienes vinculados a esta sociedad por valor de 10 millones de euros.
El capo cambadés se enfrenta a su último juicio cuando le faltan pocos meses para cumplir las tres cuartas partes de una condena que el Tribunal Supremo rebajó a menos de cuatro años de prisión en abril de 2021. El caso lo impulsó primero y cerró la Audiencia Nacional tras la primera detención de Miñanco en enero de 1991. Vigilancia Aduanera lo reabrió en 2012 con pocos visos de éxito, aunque terminó siendo el peor trago para el famoso preso. Además, en el suma y sigue de su historial se añaden las ingentes multas acumuladas en todos sus procesos judiciales y que, en este caso, asciende a seis millones de euros.
La salida de Prado Bugallo de la cárcel ha provocado la reacción inmediata de las asociaciones antidroga que, dados sus antecedentes de reincidencia, consideran una temeridad que haya obtenido la libertad condicional a las puertas de un juicio. Las críticas a la medida de Instituciones Penitenciarias se centran en el riesgo de fuga del narco, un argumento que creen debiera haber evitado que se hiciera efectiva su excarcelación.
Permanentemente vigilado
Sin embargo, el propio Miñanco ha criticado que está permanentemente vigilado por agentes policiales. Sus actuales condiciones, que, según él, atentan contra su derecho de defensa porque no puede ver a su abogado sin vigilancia policial, ha motivado que su representante legal presentase un escrito ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En él denuncia que la Junta de Tratamiento le ha denegado el pasado 30 de octubre la posibilidad de poder reunirse con sus asesores para preparar el juicio, vulnerando el derecho de defensa, además de que se le haya privado de poder asistir a las sesiones del juicio permanentemente escoltado.
Su abogado subraya en su escrito que esta situación condiciona que se pueda ejercer una defensa adecuada, ya que “es la confidencialidad la que debe presidir la relación entre el imputado y su letrado defensor”, invocando varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El letrado entiende que en el presente caso se está “ante un derecho fundamental que se pretende vulnerar” e incluso “ante un delito relativo a los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales”.
El reo sale a trabajar de lunes a viernes y regresa al centro penitenciario para dormir, aunque puede disponer libremente de los fines de semana desde el viernes por la tarde. Así será hasta el comienzo del juicio en Madrid, que está previsto que se alargue hasta el 30 de enero de 2025 dado el elevado número de procesados y testigos.
Todos los acusados guardan una supuesta relación con la Operación Mito, centrada en la red que presuntamente dirigía Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España dos cargamentos de cocaína en sendos operativos diferentes. Su distribución en el mercado europeo fue frustrada por la investigación del Servicio Central de Estupefacientes que seguían la pista a la organización desde 2016.
En la banda tenían supuestamente mayor protagonismo personajes como David Pérez Lago o el colombiano José Enrique Kike Arango, el socio incondicional de Miñanco, que según la acusación se dedicaba a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero negro, un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de esos fondos en sus cuentas, mientras que otros utilizaban su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.
Miñanco sigue clamando su inocencia
Como en cada comparecencia en el banquillo, Miñanco sigue invocando su inocencia y siempre ha rechazado acuerdos de conformidad con la Fiscalía. Desde que en 1995 juró por sus hijas que nunca había tocado un gramo de droga, el capo gallego culpa a la prensa de todos sus apodos y asegura que las pruebas son un montaje por la repercusión mediática del personaje. Su defensa ha llegado a anunciar que solicitaría al Tribunal de Estrasburgo, el mismo que anuló las escuchas telefónicas por esta causa, la nulidad de su primer juicio por narcotráfico por el que fue condenado a 18 años de prisión en 1993.
Su escrito de defensa se centra en demostrar la falta de pruebas que le relacionen con la operación y nulidades en las actuaciones de la policía como el “corta y pega” de las intervenciones telefónicas. El meollo del caso es el alijo de 3.800 kilos de cocaína que transportó en 2017 el buque Thoran. La investigación concluye que Sito Miñanco era el destinatario de la droga aunque él defiende que no hay pruebas en su contra y que la acusación ha pretendido “encajar a martillazos la relación entre el alijo y el acusado”.
Los pinchazos telefónicos suponen otro de los elementos de defensa. Su abogado asegura que estos fueron autorizados fuera de plazo: “Se realizaron transcurridos 18 meses sin encontrar pruebas”. Un segundo alijo atribuido a Miñanco de 600 kilos de cocaína se localizó en un contenedor que viajó a Holanda, aunque la defensa alega que en los hechos que se juzgaron en ese país no se alude a la participación del narco y que la causa fue archivada.
