La estrategia de confrontación total ejercida por el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Senado ha llegado este miércoles a su máxima expresión. El PP ha tumbado por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno, la única iniciativa parlamentaria en la que la Cámara alta tiene la última palabra frente al Congreso, aun cuando su negativa implica una mayor constricción en el gasto público para sus comunidades autónomas. “No es no”, ha resumido la senadora popular Eva Ortiz, desde la tribuna, con una intervención netamente política y carente de argumentación económica. “Su Gobierno es la mayor amenaza para la democracia desde el 23-F”, ha lanzado Ortiz a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acudido al pleno para defender su propuesta.
“La política de obstrucción del Partido Popular es realmente triste, porque el objetivo es retrasar la presentación de los Presupuestos”, ha reprochado Montero. “Carece de toda lógica política. Se actúa en contra de los propios intereses y eso en política no tiene sentido”, ha insistido. Frente a la negativa de los populares, la ministra ha confirmado su advertencia a las comunidades autónomas —la mayoría gobernadas por el PP— y los ayuntamientos, de limitar su margen de maniobra en el gasto público: tendrán que volver al tope más restrictivo del 0,0% de déficit fijado en abril del año pasado, en lugar del 0,1% propuesto ahora. Pero los populares han pasado por alto estos “perjuicios” directos en las administraciones territoriales para sacar músculo de su mayoría absoluta en el Senado. “Podrá pactar con el diablo en el Congreso cualquier irresponsabilidad que se le ocurra. Aquí no”, ha agregado la senadora popular Ortiz.
La senda de estabilidad, que incluye los objetivos de deuda y déficit público, ya fue rechazada por el Senado en febrero pasado con la mayoría en contra de PP. Los populares pedían entonces, y también ahora, una serie de bajadas de impuestos. Una exigencia que el ministerio rechaza de plano, en contra de las políticas de reducción fiscal aplicadas por el PP en los territorios donde gobiernan. “Luego vienen a pedirle dinero al papá Estado”, ha ironizado Montero. En el Congreso, el Gobierno de coalición cuenta con el apoyo del bloque de investidura, que ya ha refrendado dos veces en el último mes los objetivos presupuestarios, que prevén un déficit del 3% del PIB en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.
Pero su camino ha vuelto a detenerse en el Senado. La senda de estabilidad ha decaído otra vez este miércoles con la negativa del Partido Popular y de Vox frente al sí del resto de grupos. Montero y los portavoces de los demás partidos a favor han ido todos a una acusando al PP de tratar de obstaculizar la elaboración de los Presupuestos para torpedear la continuidad de la legislatura. “Alguien dice ‘no es no’. Nosotros decimos ‘sí es sí’. La democracia es esto: saber discrepar, pero también ponerse de acuerdo”, ha dicho el senador de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries. “No entendemos la posición del partido político que tiene responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas. Es el desgaste al Gobierno cueste lo que cueste, aunque les perjudique donde gobiernan”, ha incidido la senadora del PNV, María Dolores Etxano.
El Ministerio de Hacienda salvará el escollo del PP diseñando las cuentas públicas con la vuelta a la senda de déficit “más estricta” marcada en abril de 2023. La ley no establece el procedimiento a seguir cuando el Senado veta consecutivamente la senda de estabilidad. De ahí que la vicepresidenta primera se apoye en un informe de la Abogacía del Estado que, según Montero, indica que el mecanismo es recuperar los objetivos del año anterior. El PP denuncia que dicho dictamen no se ha hecho público. “Se lo vamos a hacer llegar a todo el mundo, muy pronto”, ha asegurado sobre el informe de la Abogacía la ministra en los pasillos del Senado.
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Enfrente, el PP se defiende pidiendo al Gobierno que redacte nuevos objetivos de deuda y déficit público. “¿Quién puede aprobar una nueva senda? Ustedes. Menos lobos, Caperucita y dejen de chantajear”, se ha quejado el senador Gerardo Camps, que a diferencia de su compañera de bancada sí ha incidido en las exigencias de bajada de impuestos para cambiar el sentido de su voto. “El Gobierno es el único responsable de que las comunidades autónomas y ayuntamientos tengan menor capacidad de actuación al aprobar la senda del año pasado”, ha expresado el senador popular. Fuentes de la dirección del PP alegan que las comunidades autónomas han elaborado sus presupuestos con bastante margen como para salvar un tope de déficit. Una tesis que refuta el Gobierno. “La legislatura se les va a hacer muy larga”, ha concluido Montero.
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