Agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga han investigado a 60 personas por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia.
Esta operación, denominada ‘Murus’, se inició en 2024 con el fin de combatir los atentados contra la ordenación del territorio y el urbanismo, para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia de Málaga.
Durante el desarrollo de esta operación, realizada bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, se han investigado a 60 personas entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia. Los agentes observaron la supuesta comisión de 58 delitos urbanísticos y las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
Asimismo, se han realizado 166 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 254 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etc. Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores.
De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo, destaca la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial, entre otras.
Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.
500 parcelas precintadas
En Andalucía, la Consejería de Fomento precintó unas 500 parcelas y edificaciones ilegales en suelo rústico en 2024. Una cifra que, según recordó a finales de año la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha sido la más alta alcanzada por la Inspección de la Junta de Andalucía, que ha ido incrementando este tipo de intervenciones. «Sólo en estos tres últimos años se han paralizado 1.240 infracciones graves en suelo rústico», subrayó.
La consejera de Fomento remarcó que la LISTA introdujo el concepto de disciplina territorial, a través del que ahora la Junta puede actuar de manera directa frente a las infracciones de mayor impacto sobre el territorio. También recordó otros cambios implantados como la descentralización de la inspección, la consolidación y ampliación del cuerpo de inspectores y la creación del cuerpo de subinspectores.
Gracias a estas medidas, afirmó Rocío Díaz, se está logrando «revertir la situación de indisciplina urbanística que nos encontramos en 2019». Como prueba de ello, destacó que desde 2018 se ha triplicado el número de actuaciones para velar por el cumplimiento de legalidad urbanística y el buen uso del territorio, se ha multiplicado por trece el número de parcelas y edificaciones expedientadas y se han realizado los mencionados 500 precintos frente a su ausencia en 2018.
Asimismo, la consejera incidió en la importancia de la coordinación entre las administraciones y los agentes implicados en este proceso, sobre todo en «un territorio tan amplio como Andalucía». Por ello, abogó por mantener la estrecha colaboración existente entre los fiscales de Medio Ambiente e inspectores de Ordenación del Territorio y Urbanismo, pero también con el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos.
