«En el panorama autonómico actual se vislumbra una tendencia a disminuir significativamente el gravamen aplicable a los parientes más próximos (cónyuge, ascendientes, descendientes, adoptados y adoptantes) hasta llegar, en algunos casos, a la práctica supresión del mismo». La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda volvió a advertir este año, en su informe anual sobre la fiscalidad autonómica, de la acusada inclinación de los gobiernos autonómicos a eliminar las cargas fiscales en los impuestos de sucesiones y donaciones, los que gravan las herencias tanto en vida como con causa de muerte. Sin embargo, nunca antes se había avanzado en esa dirección como está sucediendo este año.
Los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el primer trimestre del año, recién publicados por el Ministerio de Hacienda, revelan un desplome sin precedentes de la aportación fiscal de los impuestos de sucesiones y donaciones. Entre enero y marzo las figuras que gravan las transmisiones de bienes y derechos a los herederos generaron cerca de 775 millones de euros, un 20% menos que los más de 975 millones de euros generados en el mismo periodo del año 2023.
La reducción de la carga fiscal sobre las herencias en el arranque del año incluso ha desbordado los cálculos de los gobiernos autonómicos, que habían anticipado en sus presupuestos una disminución de ingresos por Sucesiones y Donaciones del 9,5%. La foto que ofrecen los datos del primer trimestre del año muestra que ese objetivo de ahorro fiscal se habría más que duplicado.
Ola de rebajas de impuestos
El origen del movimiento parece claro. El aterrizaje del PP en el gobierno de un puñado de comunidades autónomas ha traído consigo la generalización de la estrategia de rebajas fiscales que venían llevando a cabo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, la Región de Murcia o Galicia a la inmensa mayoría del territorio nacional.
En los últimos meses, aprovechando la elaboración de los proyectos presupuestarios de 2024 y en algunos casos sin esperar siquiera a ese momento, los nuevos ejecutivos populares de Aragón, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria y La Rioja han planteado y aprobado rebajas fiscales de diferente intensidad en los impuestos de Sucesiones y Donaciones para avanzar en la desfiscalización de las herencias entre familiares cercanos, reducir las cargas sobre las transmisiones a familiares lejanos y abaratar también la cesión de inmuebles destinados a vivienda habitual tanto en vida como por causa de muerte.
La evolución de los ingresos por
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
(*) Proyección a todo el año de la evolución
de la recaudación entre enero y marzo
Fuente: Ministerio de Hacienda / ABC
La evolución de los ingresos por
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
(*) Proyección a todo el año de la evolución
de la recaudación entre enero y marzo
Fuente: Ministerio de Hacienda / ABC
Los efectos no se han hecho esperar. En Baleares los impuestos pagados por los herederos se han desplomado un 38% entre enero y marzo, en Cantabria han caído un 35%; en Extremadura, un 16%; y en la Comunidad Valenciana, un 38%. En la mayoría de los casos, la recaudación ha caído más de lo que esperaban las autoridades.
Ojo al déficit
De mantenerse esta tendencia en el conjunto del año el decidido paso adelante dado en la desactivación de las cargas fiscales sobre los herederos, lo que algunos han dado en denominar el ‘impuesto a la muerte’, puede convertirse en un problema añadido en el ya peliagudo camino que les espera a las comunidades autónomas para cumplir no solo ya el objetivo de superávit del 0,2% que les ha impuesto el Gobierno sino la regla de gasto establecida por Bruselas.
Las comunidades autónomas han previsto en sus proyectos presupuestarios obtener cerca de 2.900 millones de euros de estas figuras, lo que supone una caída del 10% respecto a los 3.297 millones generados el año pasado; pero a este ritmo la recaudación por estas figuras ni siquiera alcanzaría los 2.600 millones. Se trata de cerca de 700 millones de euros en menores ingresos en términos estructurales, que se unirían a los más de 1.500 millones de euros a los que ya renunciaron el año pasado con sus medidas de alivio en el Impuesto sobre la Renta. Es decir, 2.200 millones extra de ajuste de gasto, en un ejercicio en el que para cumplir con su parte en el proceso de consolidación fiscal que debe encarar España las autonomías deben ajustar ya cerca de 17.000 millones de euros.
