La batería de cinco proposiciones de ley que presentaron el pasado jueves el PP y Vox supone una vuelta a la “autopista de la corrupción de Zaplana”, según el portavoz socialista en las Cortes valencianas, José Muñoz, y todas se pueden sintetizar en una, “la ley Zaplana”, según su homólogo Joan Baldoví, de Compromís. Ambos representantes de la oposición coincidieron en señalar que las propuestas remiten al mandato del expresidente de la Generalitat, que el mismo jueves se sentó en el banquillo acusado de los delitos de cohecho, malversación, blanqueo y falsedad documental, entre otros, durante esa etapa (1995-2002). Los dos grupos mayoritarios, socios en el Consell, modificarán las leyes sobre la educación, À Punt, la Agencia Antifraude, y la de transparencia y memoria democrática.
Según Muñoz, “la autopista hacia la corrupción que se ha construido Mazón sigue los mismos pasos que su padrino político, Eduardo Zaplana”. El dirigente socialista ha criticado que se quiera volver “al control político” de la radiotelevisión valenciana al controlar por mayoría de votos de las Cortes ; que se pretenda una eliminación “de los controles de la lucha contra la corrupción”, de forma que las agendas de los altos cargos no van a tener que ser publicadas; o que se “carguen” la Agencia Antifraude, que pasará a estar controlada por PP y Vox al modificar la elección de su director, que pasará de necesitar tres quintas partes a mayoría absoluta. Siete de los ocho consejeros del futuro órgano rector de la radiotelevisión valenciana serán nombrados por las Cortes por mayoría y un octavo, por la federación de municipios.
También ha acusado a Mazón de asumir “las tesis de la extrema derecha” en lo que respecta a la memoria histórica, pues “directamente niegan que la segunda República fuera un régimen democrático y lo consideran un golpe de Estado”, y ha lamentado que se haga una “persecución al valenciano” en las aulas.
Además, ha alertado de que algunas de estas normas pueden chocar con normativa estatal, como las referidas a la memoria histórica, la ley de libertad educativa y la ley de incompatibilidades, por lo que van a estudiar si es posible llevar a los tribunales esta “involución democrática”.
En este últimos sentido se ha pronunciado también Baldoví, que ha acusado al PP y a Vox de “declararle la guerra al valenciano” y a los valencianoparlantes” y empezar la etapa “de la opacidad y los conflictos de intereses, la de la discordia y la de favorecer la corrupción”. “Comienza la demolición de todo un engranaje, de todo un sistema de defensa de los valores y de los controles en la lucha contra la corrupción. Y hoy, y lo digo con toda la rabia y todo el pesar del mundo, hoy ha comenzado la guerra al valenciano”. Para Baldoví, las modificaciones suponen “volver al pasado en la manipulación y en el sectarismo”. “Vuelve el peor modelo de Canal 9.
En el plano educativo, se eliminan “todas las garantías para una lengua y para los valencianoparlantes nos llevan a la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener la opción, cuando termine su escolarización, de que puedan dominar las dos lenguas”.
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El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha limitado a señalar en declaraciones en Castellón que la futura ley de Concordia, que sustituirá a la actual Ley valenciana de Memoria Democrática de 2017, pretende “menos memoria sesgada y más futuro de concordia para todos”. “Lo que hemos planteado a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana ratificando mayoritariamente en las urnas es una reforma hacia la concordia y hacia la libertad, pues esto es lo que venía en nuestro programa electoral, es lo que viene en nuestros principios y lo que viene en nuestro planteamiento de juntar a la Comunitat en vez de seguir separándola”, ha dicho.
El portavoz del PP, Miguel Barrachina, ha incidido, por su parte, en que están abiertos a introducir mejoras en las cinco proposiciones de ley y ha incidido en que “en lugar de insultos de la oposición”, prefieren propuestas durante la tramitación parlamentaria. Ha afirmado que las cinco leyes son importantes, pero la que afecta a más personas es la de la libertad educativa, que según ha destacado permitirá que le decisión de los padres sobre en qué lengua estudian sus hijos sea “por fin vinculante y nadie pueda saltarse la petición libre de los padres”. Barrachina ha asegurado que el PP promueve el valenciano también en zonas castellanohablantes, “en lugar de imponerlo” como a su juicio hizo el Consell del Botànic.
