La petición para investigar a José Luis Ábalos en el caso Koldo puede suponer una reacción en cadena. Iustitia Europa ha solicitado al juez que le impute, una fórmula que rechazan la mayoría de acusaciones populares, que lo consideran «prematuro». La jugada obliga a pronunciarse al magistrado, que puede perder la causa a favor del Tribunal Supremo, ya que el exministro mantiene la condición de aforado como diputado del Grupo Mixto. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE sostienen que cualquier decisión generará un efecto dominó que puede modificar por completo la investigación.
Iustitia Europa ha pedido la imputación este lunes, días después de que se publicara la auditoría interna del Ministerio de Transportes que señala a Ábalos. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha ordenado incorporar al sumario el informe que encargó en febrero el ministro Óscar Puente, aunque las fuentes jurídicas sostienen que el magistrado aún tiene que ratificar su contenido, que podría no ser válido en la jurisdicción penal.
El partido que lidera Luis María Pardo considera que existen indicios «racionales y suficientes» para la imputación por los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo. Se basa en la auditoría que publicó Transportes el pasado 23 de agosto, que advierte de la falta de control en el reparto de las mascarillas durante el mandato de Ábalos.
Ábalos y la auditoría
El estudio no ha podido documentar la trazabilidad de ocho de los 13 millones de cubrebocas que compró el departamento al inicio de la pandemia. Iustitia Europea sostiene que las conclusiones de la auditoría evidencian que «las decisiones y conocimiento eran a nivel ministro, de gabinete del ministro, habilitado por el ministro, con conocimiento del ministro, avalado por el ministro, que dichos movimientos se realizaban al más alto nivel de ministro y que, en definitiva, las decisiones se tomaban a nivel ministro».
Otras acusaciones populares han estado semanas valorando la posibilidad de solicitar la imputación de Ábalos, aunque finalmente desistieron. Incluso rechazaron pedir que fuese citado en calidad de testigo para no interferir en el trabajo del juez. Consideran que este no incluyó al exministro en la causa para no perder el control de la instrucción, ya que podría estar investigándolo ya en una pieza secreta que aún no ha trascendido. El movimiento de Iustitia Europa le obliga a pronunciarse y mostrar sus cartas.
La petición de imputar a Ábalos plantea dos escenarios diferentes. El primero, que el juez de la Audiencia Nacional, donde ahora se dirime el caso Koldo, considere que no existen indicios suficientes para investigarle. Ese caso facilitaría una reacción de otros investigados, como los empresarios Víctor de Aldama o Juan Carlos Cueto o el asesor del exministro, Koldo García. Una segunda posibilidad pasa por elevar una exposición razonada al Supremo, lo que abre otras tres situaciones posibles.
El alto tribunal también puede descartar que existan indicios para imputar a Ábalos. En ese caso, la causa se quedaría en la Audiencia Nacional, pero abriría la puerta a que las defensas de otros investigados soliciten la nulidad del procedimiento, explica un abogado experto en Derecho Penal que prefiere mantener el anonimato. El Supremo también puede abrir una pieza separada con la parte que afectaría al exministro, que como diputado mantiene la condición de aforado, o llevarse toda la causa.
Condiciona la instrucción
«Cualquier cosa que haga el juez va a condicionar la instrucción. Las defensas podrán pedir la nulidad o cuestiones que afecten a su situación procesal de la misma manera que afecten a Ábalos. Se puede alargar la investigación, cambiar de tribunal… aunque todo va a depender de los matices», explica Alfredo Arrien, abogado penalista en Paredes & Asociados. Otro letrado con una dilatada experiencia asegura que la jugada abre un escenario complejo y «con muchas incertidumbres».
Una abogada penalista que también prefiere mantener su anonimato apostilla que la imputación de Ábalos puede aportar «claves y documentación» que puede resultar «determinantes». Este movimiento «obliga» al exministro «a defenderse», insiste. En su opinión, la petición de Iustitia Europa es «prematura» porque el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional necesita más tiempo para justificar la imputación.
El juez Moreno aún debe decidir si cita a declarar en calidad de testigo al ministro Óscar Puente. Una petición que realizó Liberum, otra de las acusaciones populares del caso Koldo, para que explique los ceses de dos altos cargos de Transportes. La maniobra se produjo tras la publicación de una auditoría interna que señala a Ábalos por la falta de control en el reparto de mascarillas que benefició a una presunta trama durante la pandemia.
Puente anunció el pasado 23 de agosto en el Senado que cesaba al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por «pérdida de confianza», ambos imputados en el caso Koldo. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
