“Estáis esperando a que hable de la sesión con el juez Valle, que podríamos calificar de BDSM [siglas de bondage, dominación-disciplina, sumisión-sadismo, masoquismo; prácticas eróticas que incluyen la cesión del poder de una persona a otra]”. Así inició este jueves Héctor de Miguel, humorista conocido como Quequé, su programa Hora Veintipico en la Cadena SER. Hacía referencia a la experiencia que tuvo en un juzgado, a finales enero, con el magistrado Carlos Valle, que le ha procesado por un delito de odio por bromear con “dinamitar” el valle de Cuelgamuros —nombrado por Franco Valle de los Caídos— y con la pederastia en el seno de la Iglesia.
La declaración ante el juez del humorista es consecuencia de una querella del colectivo ultracatólico Abogados Cristianos por los comentarios del cómico en un programa emitido en junio del año pasado. Entonces, De Miguel dijo: “¡Abogados Cristianos! Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente. Y luego lo que queremos hacer —que esto ha sido idea de ellos, señor juez [apostilló apuntando al público]— es coger todos los pedacitos que salgan de la cruz del Valle de los Caídos y, de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las mujeres que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias y los monasterios a tirárselas a los curas que se hayan follado a algún niño… O sea, a todos. Sí, igual nos faltan piedras. ¡Igual necesitamos volar también la Almudena!”.
Este jueves, De Miguel publicó un vídeo con su comparecencia ante el juez, que tuvo lugar el 23 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid ― a la que se refirió como una de sus últimas “actuaciones de comedia”―, y la comentó con los oyentes de la Cadena SER su comparecencia.
Durante esa vista, el magistrado le planteó una analogía cargada de lgtbifobia. “A ver si a usted le parece, aunque fuera en un programa de humor, que se dijera: Vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo [en el barrio madrileño de Chueca, un lugar referencial de la lucha LGTBIQ+] y con las piedrecitas llegamos a un día, el día del Orgullo, y se las tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños. Es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted en esa situación? Incluso en un programa de humor ¿Puede entenderse que no tiene un sentido mendaz, ofensivo?”, planteó el juez. Después, Valle afirmó que no quería comparar a Zerolo ―un demócrata, luchador por los derechos civiles― con el dictador fascista: “Por cierto, yo no le he comparado a Pedro Zerolo con la cruz del Valle de los Caídos”.
Para De Miguel “no es lo mismo burlarse de los opresores que incitar a la violencia contra los oprimidos”: “Yo soy cómico, no imparto justicia ni decido sobre la vida de otras personas, usted sí y que alguien con ese poder haga comentarios que incitan al odio contra los homosexuales en un juzgado es grave y preocupante. Su chiste no tiene ni puta gracia, pero por mí puede decir lo que quiera porque, a diferencia de algunos jueces, creo en la libertad de expresión y esa libertad ampara también su mal gusto”.
A raíz de la divulgación de los comentarios del juez, la Fundación Pedro Zerolo y Plataforma Trans, ambas organizaciones que defienden los derechos de las personas LGTBIQ+, han pedido a la Fiscalía que actúe de oficio (ante un posible delito de odio), además de solicitar al Poder Judicial que valore la apertura de un expediente al juez Valle.
“Resulta inaceptable que esto provenga de una persona cuya responsabilidad es garantizar la justicia”, han criticado la actuación del magistrado desde la Fundación Pedro Zerolo. “La Justicia debe proteger a las víctimas del odio, no generar discursos que equiparen la crítica a la opresión con el fomento de la violencia contra las personas LGTBI+”, ha denunciado la organización en un comunicado. También han lamentado la comparación que sugiere que Franco y Zerolo son equivalentes “comparando un mausoleo dictatorial con una plaza que reconoce el legado de un activista por los derechos LGTBI+”.
Para la organización, “la pregunta capciosa en la que sugiere que todos los homosexuales abusan de menores debería ser objeto de sanción disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial, ya que incluso podría ser un delito de odio. Exigimos responsabilidad institucional y una firme defensa de los derechos humanos”. Desde Plataforma Trans han descrito como “extremadamente grave que ocurran estos hechos por parte de un representante de la judicatura y en sede judicial”, en palabras de la presidenta de la organización, Mar Cambrollé.
Las sanciones que se pueden imponer a la judicatura por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos van desde una advertencia a una multa (de hasta 6.000 euros), a las que se añaden el traslado forzoso de sala o una suspensión máxima de hasta 3 años.
