Los comunes exigen desde hace semanas al Govern políticas más ambiciosas en materia de vivienda y sus reivindicaciones han aflorado este martes tras el desahucio de una pareja y sus dos hijos de una vivienda pública de la Generalitat en Barcelona. La familia vivía de forma irregular en el piso, que se había asignado previamente a otros inquilinos, también vulnerables. Durante el desalojo, los Mossos d’Esquadra, que han desplegado un amplio dispositivo de seguridad, han llegado a cargar y practicado tres detenciones. Dos personas han resultado heridas y una de ellas trasladada al hospital del Mar. El episodio, que se ha vivido tres días después de la multitudinaria manifestación de Barcelona en favor de una vivienda digna y en contra de los actuales precios de alquiler, ha tensionado la relación entre los dos socios de investidura.
David Cid, portavoz de los comunes, ha avisado en un debate en el Parlament sobre vivienda que no puede haber “prosperidad compartida” si, ha dicho, se puede “hacer negocio con precios salvajes y beneficios indecentes”. El president Salvador Illa utiliza de forma frecuente el concepto “prosperidad compartida” como uno de los objetivos claves de su mandato. “Su partido tiene que elegir: o está con el Sindicato de Llogaters o con los fondos buitres”, ha recriminado el diputado a la consejera de Vivienda y Territorio, Sílvia Paneque, poniendo como ejemplo el desahucio. Laura Vega, la diputada de la CUP, en otra interpelación, ha criticado las cargas policiales y ha reivindicado que los movimientos sociales de la vivienda son los únicos que de verdad garantizan el derecho a la misma.
La familia afectada vivía de forma irregular y sabía desde 2022 que tendría que dejar su piso, que ahora será ocupado por una nueva familia, con tres niños. Cid ha reprochado a la consejera que la Generalitat no hubiera buscado una solución con tiempo cuando sabían que la familia tenía que irse. “Hay cosas que no pueden ser consellera. Así no. Este desahucio no se debía haber producido ni en el cómo ni en el fondo ni por la actuación de los Mossos ni porque es una propiedad de la Generalitat. Es inexplicable y no sé si liga mucho con postura de que toman la nota de la manifestación del sábado”, ha expuesto. La consejera ha asegurado que se ha ofrecido a los afectados una solución provisional de acuerdo con el Ayuntamiento y ha deslizado que la Generalitat debe asegurar los “criterios de equidad” en alusión a quienes habían hecho los trámites de forma correcta.
El diputado ha aprovechado la interpelación a Paneque sobre rehabilitación de vivienda para recordar las reivindicaciones de su partido. “No queremos soluciones mágicas. Queremos soluciones y hechos; presupuestos y leyes”, ha sostenido. Los comunes reclaman aumentar el parque público de alquiler hasta los 15.000 pisos; limitar el fraude de ley para evitar los alquileres de temporada con más inspectores y un régimen sancionador además re reinvertir la tasa turística en vivienda. Y ha apuntado que no todo se trata de construir y que el pacto de investidura recoge que deben rehabilitar 155.000 pisos en siete años. “¿Cuánto piensan invertir en rehabilitación? Cataluña tiene muchos casas con problemas estructurales”, ha afirmado reclamando a Paneque concreción en la aplicación de ley de barrios, inspirada en la que se aplicó en la época del tripartito. Los comunes quieren que el Govern intervenga en una veintena de barrios al año y no en dos o tres. “Lo mismo que en la época de Pasqual Maragall”, ha afirmado Cid.
Paneque ha reiterado que la prioridad número uno del Govern es la política de vivienda y ha alegado que su disposición de escuchar y hablar con todos los actores. El plan estrella del Govern es construir 50.000 pisos en seis años, esto es, más allá de esta legislatura, e invertir en cuatro años 4.400 millones de euros. La estrategia es destinar recursos e impulsar modificaciones en el ámbito normativo. “No hay una solución de hoy para mañana”, ha alertado asegurando que compromiso con la ley de barrios es innegable y absoluto”.
El Govern destina ahora, según la consejera, a 480 millones a rehabilitación, pero solo se han recibido 19.000 peticiones de subvención y otorgado 12.000. “El principal reto del Govern es el acceso de la ciudadanía a una casa asequible y digna. La cantidad (asignada a rehabilitación) será fruto de la negociación”, ha afirmado Paneque en referencia a los futuros presupuestos. El reto del Ejecutivo y los comunes es pasar en siete años de 12.000 pisos a 150.000 en siete años lo que implica una media de 20.000 al año cuando en 2022 y en 2024 solo lo hicieron una media de 4.000. “El reto es mayúsculo”, ha aceptado la consejera.
