Mismos hechos, conclusiones opuestas: la teniente fiscal rebate los indicios del juez para implicar a Puigdemont en ‘caso Tsunami’ | España

La Fiscalía ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que archive la investigación a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic porque no existen indicios que sostengan una acusación contra el expresidente catalán. El escrito presentado por la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, desarma la tesis del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien sitúa a Puigdemont en la “cúspide” de una organización que cometió actos terroristas. Según la número dos de la Fiscalía General del Estado, las conclusiones a las que llega el juez están basadas en “conjeturas” y donde este ve indicios claros de que Puigdemont era el líder de Tsunami y estaba al tanto de todos sus movimientos, Sánchez Conde solo aprecia presunciones con escasa base sobre las que sostener una imputación sobre Puigdemont.

Estas son algunas de las interpretaciones opuestas a las que llegan el juez y la fiscal:

Tsunami, una organización para “subvertir el orden constitucional” o investigación “insuficiente”. La exposición razonada de García-Castellón sostiene que hay indicios suficientes para afirmar que Tsunami Democràtic fue una organización “estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. Según el juez, el análisis de los informes policiales revela que Tsunami fue “fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura” y “capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”.

El escrito de la teniente fiscal se centra en valorar si puede sostenerse que Puigdemont y Wagensberg sean responsables de los hechos cometidos por esta plataforma, ya que este es el requisito indispensable para que el Supremo asuma la causa. Como Sánchez Conde concluye que no hay indicios suficientes contra los dos aforados, la teniente fiscal no analiza las conductas que se atribuyen a Tsunami, sino que reclama al Supremo que archive la investigación contra ellos y devuelva la causa a la Audiencia Nacional para que sea esta la que determine en qué delitos encaja. El fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, en contra del criterio de García-Castellón, ha insistido a lo largo de la instrucción en que los hechos de los que se acusa a la plataforma no son terrorismo, sino desórdenes públicos agravados.

La teniente fiscal considera, no obstante, que la exposición razonada “no ha venido precedida de una investigación suficiente” para acreditar que Tsunami Democràtic fue una organización con las características que le asigna el juez. “Respecto de esta organización nada se especifica en la exposición razonada, desconociéndose todo de la misma, su estructura, sus integrantes, la jerarquía o línea de mando existente, el reparto de funciones”, señala Sánchez Conde, quien considera que esta circunstancia “imposibilita o cuanto menos dificulta” individualizar los hechos atribuidos a cada uno de los investigados. La teniente fiscal recuerda, además, que el propio García-Castellón admitió en un auto del 6 de noviembre que era necesario aclarar con “mayor precisión” la participación en los hechos de Wagensberg, pero dos semanas después, y sin haber practicado ninguna diligencia nueva, pidió al Supremo que lo imputara.

Puigdemont, de “líder” contrastado a imputación basada en “conjeturas”. El instructor de la Audiencia Nacional basa su decisión de imputar al expresidente catalán en que este tenía un rol clave dentro de Tsunami. La posición de Puigdemont en la plataforma “sería la ejecutiva y de liderazgo”, sostiene García-Castellón, quien llega a esta conclusión por “la ascendencia” que el expresidente de la Generalitat “tenía para los demás partícipes investigados en este mismo procedimiento. “Se situaría en el vértice más alto de la organización (…). Su posición como expresidente, y líder desde Bruselas del independentismo, le atribuye una posición de autoridad incuestionable”, asegura el juez.

Sánchez Conde llega a la tesis opuesta tras analizar los mismos indicios que el instructor. Para la teniente fiscal, la interpretación que hace García-Castellón se basa en “conjeturas carentes de base fáctica”. “El examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont”, advierte la número dos de la Fiscalía, quien añade: “Ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación ni ―como se debe― tomados en su totalidad, permite inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democràtic, pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención”.

Reuniones para “planificar” las protestas o encuentros “cuyo contenido solo se presume”. García-Castellón sostiene sus sospechas contra Puigdemont en varios indicios, como un intercambio de mensajes entre dos investigados en los que afirman que Puigdemont debería ser informado de la campaña de lanzamiento de Tsunami o la asistencia del expresident a unas reuniones celebradas entre el 29 y el 31 de agosto de 2019 en Ginebra, “donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami”. El instructor alude también a una conversación entre Puigdemont y otro investigado en la que el primero apunta, respecto a las protestas organizadas por Tsunami: “El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos”. Según García-Castellón, con esta afirmación Puigdemont “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales”.

La teniente fiscal da la vuelta, una a una, a las conclusiones a las que ha llegado el juez. Para Sánchez Conde, el mensaje en el que se habla de informar a Puigdemont no demuestra que este estuviera al tanto de los movimientos de Tsunami, sino que “puede ser interpretado, con naturalidad”, en el sentido de que el expresident era ajeno al nacimiento de ese movimiento, “por cuanto, de haber participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información al respecto”.

Tampoco ve indicios para incriminar a Puigdemont por las reuniones de Ginebra, ya que en esos encuentros, advierte la fiscal, participaron muchas otras personas a las que el juez no ha implicado en la causa, entre ellos, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, o la exconsejera de Presidencia Elsa Artadi. “La exposición razonada atribuye a dichas reuniones un contenido que solo se presume”, advierte la fiscal. Respecto a la conversación en la que, según el juez, Puigdemont asumió que pudiera haber fallecidos en las protestas de Tsunami, Sánchez Conde pone el acento en que al líder de Junts le preocupaba esa posibilidad. “Es sorprendente, por tanto, que a alguien que se expresa temeroso de los disturbios acaecidos en Cataluña en octubre de 2019 y se manifiesta en contra de un eventual fallecimiento, se le pueda atribuir penalmente el mismo”, concluye.

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