La seguridad jurídica significa certeza y previsibilidad respecto a la ley aplicable y la actuación de los poderes públicos. Lamentablemente, aunque reconocida en nuestra Constitución, ha desaparecido de nuestras calles e instituciones. En España, el imperio de la ley ha sucumbido ante el oportunismo político y la ideología identitaria, sembrando en los ciudadanos de a pie un sentimiento que bascula entre la desconfianza, el descontento y el hartazgo hacia nuestra arquitectura democrática.
La gente ha interiorizado -no sin razón- que la delincuencia es recompensada, que se ha creado un entramado legal para favorecer al incumplidor y que la impunidad no solo no es imposible, sino altamente probable, siempre que se pertenezca a uno de los denominados «colectivos privilegiados», bien sea por razón de raza, sexo o religión, bien porque Sánchez necesite de su apoyo para agotar la legislatura.
Lo acontecido durante las últimas horas en la localidad de Salt es buena muestra de todo ello: lo que debía ventilarse como el simple cumplimiento de una orden judicial se ha convertido en un espectáculo de violencia e impunidad retransmitido a través de las redes sociales. El desahucio legítimo de un imán que lleva años negándose a pagar la hipoteca a pesar de cobrar «demasiado» como para que se le reconozca en situación de vulnerabilidad, ha desembocado en gravísimos disturbios, destrozos y agresiones contra las fuerzas del orden, mientras desde la izquierda -como viene siendo habitual- se intenta justificar lo injustificable: que si racismo, que si el derecho a una vivienda digna… La cantinela identitaria habitual con la que se pretende hacer pasar por oprimido al violento opresor.
Más allá de la reconocible fanfarria progresista para hacer encajar a golpes la realidad en su relato, hay una pregunta ineludible cuya respuesta se me antoja perentoria: ¿podemos afirmar que España es un Estado de derecho cuando desde el Gobierno y las Administraciones públicas se recompensa al violento que quiebra la legalidad y se machaca al ciudadano que la respeta? Porque la vivienda que el consistorio de Salt ha facilitado al clérigo musulmán a cambio de que pida a sus feligreses que cesen los disturbios no la van a costear ni los autores de los actos violentos, ni el imán, sino todos nosotros a base de impuestos.
Por desgracia, esto es algo que apenas genera sorpresa en un país en el que los dos grandes partidos se ponen de acuerdo para que seamos todos los españoles quienes sufraguemos las rentas de los okupas que deciden impagar el alquiler. No solo abusan de nuestro civismo, sino que además nos pasan la factura de quienes menosprecian la legalidad. Luego que si la confianza de los españoles en las instituciones se resquebraja. Acabáramos.
«Mientras se siga privilegiando a quienes desafían la ley y oprimiendo a quienes la cumplen, la fractura social se profundizará»
De todas formas, la igualdad ante la ley hace mucho que se quebró en Cataluña, tierra donde las instituciones privilegian a quienes desdeñan el Estado de derecho y persiguen a los que reclaman su aplicación. No en vano encumbraron a Puigdemont para ejecutar un golpe de Estado, orquestaron su huida a Waterloo y le permiten pronunciar mítines en el centro de la ciudad condal sin temor a ser detenido pese a la orden en su contra. Una región a la que la amnistía ha convertido en el baluarte de la impunidad.
Soy consciente de que a muchos les cuesta creerlo, pero lo cierto es que la supervivencia política de Pedro Sánchez depende de que la sociedad española normalice la delincuencia y de la inseguridad jurídica por parte de la izquierda radical y sus socios independentistas. Mientras se siga privilegiando a quienes desafían la ley y oprimiendo a quienes la cumplen, la fractura social se profundizará y la desconfianza en el actual marco constitucional crecerá. Luego habrá quienes, tras haber justificado esta deriva, se atrevan a aleccionarnos sobre el auge de los extremismos y la radicalización de un porcentaje nada desdeñable de los ciudadanos. No tienen ninguna legitimidad para hacerlo, absolutamente ninguna. Porque son corresponsables.
España no podrá resurgir mientras la ilegalidad, la inseguridad y la mentira conformen uno de los pilares del Estado. El sentido común tiene que volver a informar la actuación de los poderes públicos y la vida cotidiana de los ciudadanos tras décadas de ingeniería social. Esta degradación es insoportable.
