No parece ningún farol esta vez. Con el largo periodo electoral concluido, y una necesidad imperiosa de devolver la política a una cierta normalidad para tratar de que el foco vuelva sobre los temas que más interesan al Gobierno, sobre todo la economía, con muy buenos datos, Pedro Sánchez ha tomado una decisión clara: antes del verano tiene que estar resuelto el bloqueo judicial. En su entorno insisten en que el ultimátum que ha dado al PP, después de cinco años y medio de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), va muy en serio.
Esta semana, el Gobierno se concentrará en poner toda la presión sobre el PP, porque aún algunos en el Ejecutivo ―cada vez menos― piensan que en el último momento lo populares aceptarán un acuerdo. En teoría esta semana debería concretarse una reunión de mediación en Bruselas con la Comisión Europea. Fuentes del PP también trasladan que el pacto no es imposible, aunque aclaran que con el ultimátum de Sánchez es más difícil negociar y le siguen exigiendo que cambie el sistema de elección del CGPJ a cambio de renovar. El ministro Félix Bolaños, recuperado ya de su operación de apendicitis, está listo para verse con Esteban González Pons en cualquier momento esta semana. El PP, en teoría, tendría incentivos para acordar: tiene presiones del mundo judicial para un desbloqueo porque, como se encargó de repetir Sánchez esta semana, hay muchos jueces, también conservadores, esperando sus plazas, sus ascensos, su desarrollo profesional, bloqueado por la ausencia de acuerdo. El 30% de las plazas del Tribunal Supremo están sin cubrir, por ejemplo, según los datos del presidente.
Pero sobre todo el PP ahora sabe que si no pacta, Sánchez se apoyará en su mayoría para cambiar la ley del Poder Judicial y retirarle a este órgano lo más relevante desde el punto de vista político: su capacidad de nombrar de forma discrecional jueces del Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, sin necesidad de ajustarse a ningún criterio objetivo. El CGPJ podría incluso seguir bloqueado, si el PP no quiere renovarlo ―en La Moncloa son reacios de momento a cambiar las mayorías para poder renovarlo sin el concurso del PP, como pide Sumar― pero perdería su principal atractivo político.
Aún así, en el Gobierno una mayoría de los ministros consultados creen que los sectores más duros del PP y del mundo conservador, sobre todo mediático, además de Vox, presionarán tanto a Alberto Núñez Feijóo que es difícil que acepte un pacto como el que estaba prácticamente cerrado a finales de 2022. “Lo único que está claro es que no puede no pasar nada. La decisión está tomada. Si quieren acuerdo, el CGPJ seguirá nombrando como siempre. Si no lo quieren, cambiaremos la ley y se desbloqueará el nombramiento pero con otro sistema tan perfectamente constitucional como el que hay ahora”, señala un miembro del Gobierno.
Otro miembro del Ejecutivo aclara que lo más importante no es la discusión sobre jueces progresistas y conservadores. Es evidente, señala, el desajuste que ha habido en los últimos años, cuando se han ido descompensando todas las salas del Supremo a favor de los conservadores. Pero, según este ministro, lo decisivo no es ese reparto, sino que los jueces que llegan al Supremo no deban su puesto al PP. “A mí no me preocupa tanto que haya muchos jueces conservadores, lo que me inquieta es muchos de ellos crean que, si no están a buenas con el PP, será imposible para ellos ascender en la carrera. Si hacemos que los nombramientos pasen a tener criterios objetivos, tendremos jueces conservadores o progresistas, ya veremos, pero serán justos e independientes, no le deberán el puesto a nadie, y eso es lo importante”, resume. Aunque faltan muchos detalles que el Gobierno aún no desvela, esta es la fórmula que está planteando Sánchez: que los jueces del Supremo se nombren con criterios objetivos, y no como ahora, de forma discrecional en el CGPJ.
Además, esta batalla definitiva para desbloquear los nombramientos en la justicia después de más de 2.000 días de lo que el presidente define como “el día de la marmota” llega en un momento especialmente tenso en la propia justicia, con una batalla formidable en el Supremo, el corazón de las decisiones, para tratar de evitar el cumplimiento de la ley de amnistía. El fiscal general, Álvaro García, está sufriendo una presión enorme porque ha tomado la decisión de imponer su criterio al de cuatro fiscales del Supremo que creen que no debería aplicarse la amnistía a los líderes del procés porque hacen una interpretación de la malversación completamente diferente a la que hay en la ley de amnistía, según la visión de García, que comparte el Ejecutivo. El fiscal general tiene todo el apoyo del Gobierno y del presidente, según fuentes del Ejecutivo, que se muestran convencidas de que la amnistía se acabará aplicando en su totalidad, porque será refrendada tanto por los tribunales europeos como por el Tribunal Constitucional.
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Pero la actuación de los fiscales del Supremo y de algunos jueces como Manuel García Castellón, que por tercera vez ha recibido un varapalo de la justicia suiza que le dice que no ve terrorismo en el caso Tsunami, o del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez e insiste en mantener su declaración pese a que la fiscalía europea se ha hecho con la investigación, tiene indignado al Gobierno. Algunos ministros admiten que este es el principal reto político del Ejecutivo, pero confían en que el desbloqueo de los nombramientos, que se logrará este mes por las buenas o por las malas, sirva también para tranquilizar la batalla judicial.
Sánchez no solo está en este asunto, que es decisivo. También está ya ultimando su plan de regeneración, que se llamará “de acción democrática”, el mismo nombre que se ha dado en la UE a las medidas contra la desinformación. En la coalición se trabaja ya en un acuerdo en línea con la nueva directiva de la UE que incluye una mayor transparencia en la financiación de los medios y una limitación para que el dinero público no llegue a los propagadores de bulos o desinformación. Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno insiste en que no van a ir más allá de lo que recomienda la propia UE para luchar contra la desinformación después de un largo debate sobre un asunto que no preocupa solo en España, sino en todo el mundo occidental.
La clave política de estas dos grandes iniciativas, la de acabar con el bloqueo judicial y la de poner en marcha medidas contra la desinformación, es la de resolver este verano los asuntos más delicados ―siempre pendientes de la investidura en Cataluña, que está en al aire y es decisiva para saber si la legislatura se encarrilla o se vuelve a torcer de forma incontrolable― para arrancar septiembre con una cierta normalidad política. El Gobierno vive con auténtica desesperación el hecho de que las noticias económicas positivas ―cifras de empleo récord, mejoras de las previsiones de organismos internacionales pero también de los servicios de estudio de los bancos españoles, beneficios disparados, bolsa muy alta― queden absolutamente opacadas por el ruido político. Desde que empezó en 2020, el Ejecutivo de coalición siempre se mueve mejor cuando se habla de gestión, economía y números, y sufre mucho más cuando se habla de sus alianzas con los independentistas, de sus tensiones con la justicia, de la amnistía. Ahora, después de cinco años intentando un acuerdo, Sánchez ha decidido resolver al menos el bloqueo judicial. El PP tiene que decidir esta semana si será por las buenas o por las malas. Pero lo que parece seguro es que esta cuestión ha llegado a su recta final.
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