Un total de 26 palestinos que se encuentran en Egipto tras haber huido en los últimos meses de la guerra en Gaza han presentado ante la embajada española en El Cairo una petición de traslado a España para poder solicitar desde el país protección internacional. El grupo, que incluye 20 adultos y seis menores que conforman siete unidades familiares, basa su petición en un artículo de la ley de asilo española que contempla la promoción de este tipo de desplazamientos para solicitantes cuya integridad física corra peligro en su país de origen y que no sean nacionales del país en el que se halla la misión diplomática española.
Los solicitantes, que cuentan con la representación y asesoramiento del Movimiento por la Paz (MPDL), una ONG española, escaparon de Gaza, en su mayoría en abril, por el paso fronterizo de Rafah con Egipto y tras pagar elevadas sumas de dinero, según explica a EL PAÍS Gádor Luque, residente en España y conocida del grupo. Todas las familias están incompletas, dado que parte de sus miembros siguen en la Franja y algunos han fallecido en bombardeos israelíes. Tres de los solicitantes, entre ellos un menor, han presentado además informes de patologías médicas. Hasta ahora, la Embajada de España en Egipto no ha ofrecido respuesta a sus solicitudes, pese a que la representación del grupo entiende que el plazo está venciendo en los casos que se presentaron primero, en el mes de mayo.
El artículo 38 de la ley de asilo española de 2009 establece que, a fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, los embajadores españoles podrán promover el traslado de solicitantes de protección internacional a España para realizar la petición. Este artículo solo fija dos requisitos: que el solicitante no sea nacional del país en el que se encuentra la embajada española y que su integridad física esté en peligro. Su aplicación quedó sujeta al desarrollo de un reglamento de acceso y de procedimiento, pero este nunca se ha llegado a aprobar.
En febrero, una sentencia del Tribunal Supremo relativa a una familia afgana clarificó algunos de los dilemas interpretativos sobre este artículo de la ley de asilo que el grupo de gazatíes estima que refuerza su petición. Dicha sentencia declaró que el peligro para la integridad física se refiere a la situación en el país de origen y no de tránsito, ya que esta justifica la presentación de la solicitud, y que los embajadores de España son las autoridades competentes para resolver las peticiones de traslado. En el caso de los solicitantes gazatíes, todos cumplen los dos requisitos que dicta el artículo, según Andrés Jiménez de Parga, abogado del MPDL y representante del grupo.
Una de las solicitantes de traslado, una traductora de 27 años, explica que para entrar en Egipto tenían que pagar 5.000 dólares por persona (4.557 euros), por lo que su familia, que no disponía de dinero para asumir el coste que implicaba huir todos, decidió cubrir el de su madre y el suyo, dado que era la única hija soltera. Todos sus hermanos y sus familias se quedaron atrás. En Egipto recibieron un permiso de residencia de 45 días, que ha expirado, y ahora no pueden trabajar ni realizar transacciones bancarias, así que llevan tres meses sobreviviendo sin ingresos. “Nuestro alivio se convirtió rápidamente en desesperación”, constata.
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Aunque la Embajada española en Egipto no ha ofrecido una respuesta formal a la solicitud de los gazatíes, a principios de junio su sección consular envió al representante legal del grupo un correo electrónico en el que se aseguraba que los solicitantes no se encuentran en peligro en Egipto y que este es un país de acogida y seguro, según señala Jiménez de Parga. En el correo también se afirma que la Embajada no es competente para iniciar un expediente de solicitud de asilo, a pesar de que los gazatíes no han realizado una solicitud de asilo, sino de traslado a España para tramitarla. Y hace notar que Egipto es un país árabe, estable políticamente y con garantías en contra de un retorno forzoso a su país de origen.
Jiménez de Parga considera que esta comunicación informal de la embajada se encuentra en “clara contradicción con lo determinado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Egipto también ha vulnerado en el pasado el principio de no devolución de migrantes a su país de origen cuando corrían peligro, en casos como ciudadanos eritreos y sudaneses. La Embajada española en El Cairo ha declinado hacer declaraciones al tratarse de un tema confidencial. EL PAÍS también ha contactado al Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero no ha recibido ninguna respuesta hasta el momento de publicarse este artículo.
Jiménez de Parga señala que existen numerosos precedentes de aplicación del artículo 38 de la ley de asilo, principalmente nacionales de Afganistán que escaparon del país tras la toma del poder por parte de los talibanes y que realizaron sus solicitudes en las embajadas de España en Pakistán e Irán, que promovieron centenares de traslados. También existe al menos un precedente tramitado desde Rusia. Y el pasado febrero un ciudadano sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla en la que participaron las autoridades españolas y marroquíes en 2022, logró que la Audiencia Nacional decretara su traslado desde Rabat.
Aunque la situación en el país de tránsito en el que se halla la embajada española no figura entre los criterios de aplicabilidad del artículo 38 de la ley de asilo, los gazatíes aseguran que se encuentran en una situación de creciente vulnerabilidad en Egipto. Una ingeniera de 32 años explica que no poder regularizar su situación legal en el país hace casi imposible encontrar trabajo, acceder a sanidad y educación y recibir ayudas. También afirma que viven “con miedo constante a ser detenidos o deportados”, y asegura que en Egipto se enfrentan además a un racismo generalizado. “Al llegar a El Cairo esperaba un refugio temporal”, desliza, “pero la realidad dista mucho de lo que había imaginado”.
Otro de los solicitantes explicó en un escrito dirigido a la embajada que conoce numerosos casos de detenciones recientes de extranjeros, incluidos palestinos, por poseer dólares, así como de casos de extorsión aprovechando su estatus irregular. Un abogado de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades (ECRF) asegura que no tienen constancia de una campaña de detención de gazatíes como la que está ocurriendo contra ciudadanos sudaneses. Pero nota que su estatus irregular les hace vulnerables y, en cuestiones como acceder a dólares, les empuja a tener que recurrir al mercado negro.
Tras el anterior intercambio informal de correos electrónicos, y ante la ausencia de una respuesta formal por parte de la embajada, a principios de julio Jiménez de Parga presentó en nombre y representación de los gazatíes un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo en España, que la admitió a trámite. El abogado afirma que en principio la administración dispone de un plazo general de tres meses para resolver las solicitudes de urgencia, cuyo lapso vence a finales de julio en el caso de las que se presentaron primero. De seguir sin contar con una resolución, Jiménez de Parga avanza que tienen previsto interponer en septiembre un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar medidas cautelares.
