La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha invitado a una víctima de bullying del colegio British Council de Pozuelo de Alarcón, uno de los más elitistas de la capital, a actuar contra la administración de Justicia porque un juez no investigó su caso a pesar de que tanto la familia como la Fiscalía habían reclamado alargar la instrucción para practicar diligencias. La causa contra la dirección del colegio y varios docentes por presunto bullying a una alumna se cerró porque al Juzgado que la investigaba se le pasó el plazo para prorrogar la instrucción.
«Resulta evidente que los conflictos indicados han impedido un pronunciamiento sobre la prórroga del plazo de instrucción, por lo que si la parte recurrente considera que se le ha producido a un perjuicio, como así se deduce de su escrito de interposición del recurso, podrá exigir la responsabilidad correspondiente por funcionamiento anormal de la administración de justicia», ha dictado el mencionado tribunal en un auto en el que deja claro que el caso no se investigó porque al magistrado instructor de la causa, el titular del Juzgado 4 de Pozuelo, Enrique Presa, se le pasó el plazo para prorrogar con el fin de realizar las diligencias debidas.
La Audiencia Provincial rechaza el recurso de la familia de la víctima, que pedía reabrir la causa, precisamente porque entiende que los plazos son inamovibles y no existe otra vía. «Los querellados no fueron oídos en los plazos procesales, consecuentemente no procede en este caso la toma de declaración de estos por haber precluido el tiempo de instrucción, siendo la única posibilidad que cabe el sobreseimiento acordado».
«El plazo que determina el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no fue interrumpido mediante la correspondiente prórroga que no se adoptó porque, cuando se dio cuenta el juez, el plazo había expirado, lo que se reflejó en la resolución por la que se sobreseyó el procedimiento», explica la resolución del tribunal al confirmar el cierre definitivo de la causa por la que se abrieron diligencias contra varios profesores y la dirección del British Council.
«Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor deberá ineludiblemente dictar auto de conclusión, si es procedimiento ordinario, o la resolución que proceda conforme el artículo 779 de la ley procesal, si se trata de procedimiento abreviado; transcurridos dichos plazos, no pueden practicarse más diligencias de prueba», argumenta la resolución de la sala.
El recurrente, subraya el tribunal, «ha sufrido la lentitud de la tramitación del juzgado instructor. En este periodo se han sufrido dos huelgas, la de letrados de la administración de justicia y la de funcionarios de justicia». El juez Presa archivó la causa a pesar de no haber investigado porque, según alegó él mismo, durante el tiempo de la instrucción hubo huelga de letrados de la administración de justicia y otras cosas que impidieron su trabajo. No explicó, sin embargo, el motivo por el que no prorrogó la instrucción con el fin de alargar el periodo de investigación, algo que habían solicitado la fiscalía y la propia acusación ejercida por la familia de la víctima.
