Hace justo una semana, el pasado 3 de febrero, en el juzgado número 3 de Violencia sobre la Mujer de Málaga se estaba dando un juicio rápido entre Catalina y su expareja, también padre de tres de sus cuatro hijos, los más pequeños, dos niñas de 7 y 9 años y un niño de 11, y padrastro del primer hijo de ella con una pareja anterior, de 18 años. En ese juicio, la magistrada denegó las medidas de protección que Catalina y la Policía pidieron. Él la asesinó este pasado domingo en su casa, en Benalmádena pueblo.
Entre las cinco y las cinco y media de la madrugada, el niño de 11 años llamó a Emergencias. Fue una de las múltiples llamadas que el 112 estaba recibiendo por un incendio en esa casa. Agentes de la Policía Local, los primeros en llegar, se encontraron fuera al agresor, de origen nigeriano, y a los tres menores, según las primeras informaciones facilitadas por fuentes cercanas al caso. Dentro, el cadáver de Catalina, española, de 49 años. Detuvieron al hombre y los hijos de Catalina quedaron a cargo de un familiar. Aún a última hora de este domingo no se conocía el motivo de la muerte por “el estado en el que se encontró el cuerpo”, según explicaron fuentes cercanas a la investigación.
Catalina y su agresor llevaban juntos más de una década. El pasado 20 de enero, alguien ―no se ha especificado quién― llamó a la Policía. Fue así como, tras un atestado policial, se abrió una denuncia de oficio contra el agresor, y Catalina entró en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista, con un nivel de riesgo medio. Apenas dos semanas después se produjo ese juicio rápido en el que tanto ella como la Policía solicitaron medidas de protección. La jueza las denegó y el caso de Catalina quedó “como caso en inactivación supervisada”, explicaron fuentes cercanas a la investigación.
Esa “inactivación supervisada” es una modalidad dentro del sistema creada el año pasado por Interior que establece mecanismos de control policial durante un período de entre 6 y 12 meses e impide la inactivación completa en casos de alta complejidad o en los que se detecta un riesgo cualificado ―como puede ser la presencia de menores, que añade vulnerabilidad―, y fue una modalidad creada, precisamente, para evitar que de forma prematura casos como el de Catalina quedaran fuera del radar institucional por completo.
Este asesinato, ahora en investigación, entrará a formar parte de la estadística entre aquellos en los que las instituciones conocían la violencia que se estaba produciendo y que, sin embargo, en algún momento la cadena falló en su protección a la víctima; y en este caso, también a sus hijos. Cuatro huérfanos, tres de ellos menores de edad y uno de 18 años ahora a cargo de un familiar sobre los que se intenta aclarar si también fueron agredidos por el detenido.
Catalina será, cuando se confirme oficialmente, la segunda mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año, y la 1.295 desde que arrancó la estadística oficial, en 2003. Sus hijos se sumarán a los 471 menores que ya se contabilizan oficialmente como huérfanos por violencia machista desde que empezó este conteo, en 2013.
Las denuncias
La denuncia en este caso, un atestado policial que se abrió de oficio, significa que no fue la víctima la que la presentó, sino que alguien, un familiar o un vecino, alertó. De las 2.402.353 denuncias por violencia de género que constan ahora mismo en el sistema ―actualizado a 30 de enero de este año―, las presentadas directamente por las víctimas son una minoría, 102.210, el 4,25%; son aún más minoritarias las presentadas directamente por familiares, 8.781, el 0,3%.
Y de las 1.294 asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzó la estadística, en 2003, en la inmensa mayoría de casos no había denuncia (811) o no consta (201), pero tanto entre aquellas mujeres que sobreviven a la violencia como entre aquellas a las que sus parejas o exparejas asesinan, estas son proporciones habituales dentro de una realidad en la que las mujeres tienen, mayoritariamente, miedo: por ellas, pero también por sus hijos e hijas, o a no ser creídas o protegidas por las instituciones o sus entornos, o por no tener recursos económicos para marcharse o una red de apoyo que las ayude a salir de esa violencia.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
