Las obras que en 2021 acometieron en una vivienda María Luisa Reina, actual delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla, 52.279 habitantes), y su marido, están siendo objeto de un procedimiento sancionador por una supuesta infracción urbanística grave, un proceso que debe tramitar la misma delegación que dirige la concejala del PP. Esta circunstancia ha motivado que el PSOE de esa localidad haya pedido su cese inmediato por un “presunto y muy grave conflicto de intereses”. Fuentes municipales consultadas por este diario niegan cualquier tipo de incompatibilidad, advierten de que Reina ha sido ajena a todo ese expediente y niegan irregularidad alguna en la ejecución de los trabajos en ese inmueble. “Todo es falso”, señalan.
El expediente se inició el 24 de marzo de 2021, cuando Reina no estaba en el consistorio, que entonces gobernaba el PSOE. En esa fecha, de acuerdo con el acta que redactó la Inspección y que se complementó con otro informe de 20 de abril de ese mismo año, se constató que se habían realizado “obras consistentes en la reforma integral”, según la documentación adelantada por EFE a la que ha tenido acceso este diario, de una vivienda propiedad en régimen de gananciales de la actual delegada de Urbanismo y su marido. Posteriormente, se realizaron nuevas inspecciones, el 30 de agosto de 2023 -cuando Reina ya había tomado posesión de su cargo tras las elecciones municipales de mayo de ese año-, además de un informe de la arquitecta municipal, emitido el 26 de enero de 2024, en el que se estipula que el régimen jurídico de la edificación sobre la que se habían realizado los trabajos debía ser “el de asimilado a fuera de ordenación”, ya que las obras incumplían el PGOU de Utrera, además de otros artículos de la nueva ley del suelo andaluza y su reglamento de desarrollo.
Estos informes son los que llevaron a la Delegación de Urbanismo en septiembre de 2024 a incoar un expediente sancionador contra el marido de Reina, que es el que aparece en los expedientes como el promotor de las obras, por una “reforma integral en toda la superficie de la edificación” que podrían ser constitutivas de una “infracción grave”, y conllevar una multa de entre 3.000 a 29.999 euros, de acuerdo con el decreto de la 6ª Tenencia de alcaldía de Urbanismo, a la que ha tenido acceso este diario y que fija el valor de los trabajos realizados en 71.371,86 euros.
Para el PSOE de Utrera, esta situación es “absolutamente insostenible”, según su portavoz municipal y exalcalde de la localidad, José María Villalobos. Los socialistas han pedido el cese de Reina por entender que, “como máxima responsable del cumplimiento de la legalidad urbanística del municipio, no puede estar sometida a un procedimiento sancionador tramitado por el área bajo su mando”, una circunstancia que “rompe cualquier principio de imparcialidad y credibilidad institucional”. Para Villalobos, que la concejala no haya declarado su incompatibilidad “no solo es una cuestión ética, sino que se trata de un flagrante caso que pone en entredicho la ecuanimidad de un expediente que afecta directamente a quien tiene la capacidad de influir en su resolución”.
Las fuentes municipales consultadas, que aseguran que el Ayuntamiento tiene previsto responder a la denuncia del PSOE, niegan la incompatibilidad de la delegada y rebajan también el carácter de la irregularidad de las obras, cuya sanción se está diluyendo. Por un lado, destacan que quien está siendo objeto del expediente es el marido de Reina y no la propia concejala y que cuando se inició la investigación, ella no estaba en el Ayuntamiento. También indican que cuando se emitió el Decreto y durante la tramitación del expediente, ella ha estado la mayor parte del tiempo ausente del consistorio con motivo de una baja por enfermedad.
Los interlocutores precisan que la vivienda donde se ejecutaron la obras no es en la que vive Reina, sino que se trata de una herencia, y que se decidió reformar, aunque, en ningún caso, se hizo una remodelación integral, sino pequeñas obras internas. También precisan que esos trabajos no incumplirían el PGOU porque entienden que la normativa se aplica para las obras de nueva construcción, y no para las ya construidas. También indican que en 2021 el marido de la delegada, con conocimientos en ingeniería, se negó a admitir en su momento que la reforma fuera un asimilado a fuera de ordenación, como le habían solicitado, por entender que no se cumplían los requisitos. “Todo es falso”, concluyen las fuentes consultadas.
