El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado hoy que se destinarán 90 millones de euros a estas autonomías para impulsar el acceso a la vivienda y reforzar la oferta de alquiler asequible. Por regiones, Cataluña recibirá 59,7 millones, mientras que Euskadi contará con 15,5 millones, Navarra con 6,6 millones, Galicia con 5,1 millones y Asturias con 2,9 millones. En total, las ayudas alcanzarán a 317 municipios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que las subvenciones directas beneficiarán a 317 municipios de cinco comunidades autónomas: Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. Cataluña concentrará la mayor parte de los fondos, con 59,7 millones de euros, seguida de Euskadi, con 15,5 millones; Navarra, con 6,6 millones; Galicia, con 5,1 millones, y Asturias, con 2,9 millones.
El Ministerio ha iniciado ya la tramitación de estas ayudas. Desde este miércoles, el borrador del real decreto que regula las subvenciones está sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del departamento, antes de pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación.
Según ha explicado Rodríguez durante una visita a Lekunberri (Navarra), donde ha conocido 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 pondrá próximamente en alquiler asequible, los 90 millones servirán para ampliar el parque residencial destinado a precios asequibles.
En concreto, las administraciones podrán emplear los fondos para promover y construir vivienda pública, rehabilitar viviendas existentes para destinarlas al alquiler asequible, adquirir suelo público o privado y desarrollar y urbanizar terrenos.
También podrán utilizar el dinero para comprar viviendas que posteriormente se incorporen al parque de alquiler asequible. Rodríguez ha puesto como ejemplo la estrategia que está desarrollando actualmente Casa 47 para adquirir vivienda privada.
La ministra ha aprovechado este anuncio para cargar contra los gobiernos autonómicos que no han aplicado las limitaciones previstas en la Ley de Vivienda. «Se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas», ha señalado en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Rodríguez carga contra Ayuso, Moreno y Azcón
El anuncio de las ayudas ha estado acompañado de un nuevo enfrentamiento político por la aplicación de los límites al alquiler. Rodríguez ha defendido que las comunidades que han declarado zonas tensionadas están utilizando una herramienta que permite contener los precios y ha responsabilizado directamente a los gobiernos autonómicos que no han querido aplicarla.
«Todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque ‘la del Ático’ –en referencia a Isabel Díaz Ayuso– no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón -presidente de Aragón- no quiere congelar», ha afirmado.
La ministra sostiene que la Ley de Vivienda está dando resultados en los territorios donde se ha aplicado. Como ejemplo, ha señalado que en Navarra el precio del alquiler ha descendido un 5% en el último trimestre, mientras que en Cataluña, según ha destacado, se acumulan varios meses de evolución contenida de los precios.
Rodríguez ha defendido así que el Ejecutivo seguirá financiando a las administraciones que decidan aplicar las herramientas previstas en la legislación estatal. «El Gobierno de España va a seguir colaborando con las Administraciones públicas que han decidido hacer uso de las herramientas que tenemos para beneficio de la gente, acompañándoles con financiación», ha asegurado.
La ministra ha presentado los 90 millones como «un nuevo impulso a una política que está siendo eficaz» y ha elegido Navarra para realizar el anuncio por el avance de las zonas tensionadas en esta comunidad.
Según Rodríguez, 21 municipios navarros cuentan ya con estas limitaciones y alrededor de medio millón de ciudadanos están afectados por esta protección.
En el conjunto de España, ha cifrado en más de nueve millones las personas que viven en territorios donde se han aplicado las medidas de la Ley de Vivienda para limitar la evolución de los alquileres.
El Gobierno pretende así combinar la aplicación de los límites de alquiler en las zonas declaradas tensionadas con un aumento de la oferta pública y asequible. Los 90 millones anunciados este miércoles se canalizarán precisamente hacia las comunidades que han optado por utilizar este mecanismo.
