Cuando los ostrogodos sitiaron Roma en el año 537 d. C., su primer acto militar fue cortar los acueductos. Once canales alimentados por gravedad abastecían a la ciudad con hasta un millón de metros cúbicos de agua al día, cantidad más que suficiente para sustentar a una población de más de un millón de habitantes, llenar los baños públicos y limpiar las alcantarillas. Sin los acueductos, Roma se convirtió en un recinto fortificado alrededor de un río contaminado, lo que demostró que el agua era esencial para la existencia misma de la ciudad.
A diferencia de la tierra, que puede cercarse, o del petróleo, que puede almacenarse, el agua es un recurso que nadie puede poseer por completo, pero del cual todo el mundo depende. Se mueve a través de acuíferos, cruza fronteras y fluye río abajo. Los romanos eran conscientes de este hecho; dado que los acueductos constituían una infraestructura pública, el agua que llegaba a las fuentes estaba al alcance de todos. Frontino, el administrador que supervisó el sistema de agua de Roma en el siglo I d. C., documentó cada asignación, cada conexión ilegal y cada abuso del sistema con el rigor de quien comprendía que la gestión del agua era un acto cívico. La arquitectura, en este sentido, siempre ha tenido la capacidad de convertir el agua en un bien común y, al mismo tiempo y por los mismos medios, en un privilegio.
Aguas arriba y aguas abajo son posiciones en una cuenca hidrográfica que determinan, con la precisión de la topografía, quién absorbe las consecuencias de las decisiones tomadas. La arquitectura siempre ha sabido trabajar con la gravedad; lo que ha tardado más en reconocer es que la gravedad también es política.
La represa
En 1997, Jiang Zemin, el cuarto líder supremo de China, presidió la ceremonia que marcó la finalización del desvío del río Yangtsé. Se dice que Jiang afirmó que «el hombre debe conquistar la naturaleza», un lema que llegó a representar el proyecto. La cortina principal se completó en 2006, tiene 2.3 kilómetros de longitud y unos 181 metros de altura, y el embalse tardó años en llenarse. Para cuando alcanzó su altura máxima en 2010, había sumergido 13 ciudades, 140 pueblos y 1,350 aldeas, junto con más de 1,300 sitios arqueológicos conocidos.
La Presa de las Tres Gargantas es el proyecto hidroeléctrico más grande jamás construido, y también el mayor proyecto de reasentamiento de la historia. Genera suficiente electricidad para abastecer a una parte significativa de la costa este de China. Sin embargo, a costa de esa generación, 1.3 millones de personas fueron reasentadas a lo largo de las márgenes del embalse, entre comunidades agrícolas de Chongqing y Hubei cuyas tierras desaparecieron bajo el agua, cuyas parcelas de reemplazo en las empinadas laderas por encima del nivel del agua estaban demasiado erosionadas para ser cultivadas, y cuya compensación prometida fue frecuentemente absorbida. El proyecto protegió de inundaciones catastróficas a unos 15 millones de personas aguas abajo, mientras que desplazó a más de un millón aguas arriba.
Esta es la arquitectura de la represa: no la ingeniería de su cortina ni el espectáculo de sus vertederos, sino la lógica territorial que impone. Cada embalse crea una geografía de beneficiarios y una geografía de renuncias. La represa no distribuye sus consecuencias según la necesidad o el mérito, sino según su posición en el paisaje, es decir, según el poder existente. La arquitectura no es un contenedor estético, sino un aparato que organiza y jerarquiza los cuerpos en el espacio, y la represa es uno de los ejemplos más explícitos de esa jerarquía. La historia de la arquitectura moderna está llena de admiración por las grandes infraestructuras hidráulicas, la precisión de su ingeniería, la escala de su ambición y la imagen de civilización impuesta sobre los sistemas naturales. No obstante, lo que se omite sistemáticamente es el otro lado del embalse: los pueblos que desaparecen, las tierras cultivables y las comunidades desplazadas. La arquitectura, como cualquier disciplina, produce sus objetos a través de las preguntas que decide formular; cuando se pregunta cómo se sostiene una represa, cómo funcionan sus vertederos o cómo se integra su masa en el paisaje, también está decidiendo no preguntar qué había en ese paisaje antes y a quién pertenecía. La hidrología tiene modelos para el desplazamiento de sedimentos; la ecología tiene marcos para la pérdida de hábitat; los estudios de desplazamiento tienen metodologías para rastrear a las poblaciones reasentadas. La arquitectura, que reivindica la organización del espacio como su competencia central, ha sabido hasta ahora lo que borra, pero sin aprender a trabajar con lo que queda.
La Gran Presa de Asuán, completada en Egipto en 1970, desplazó a unos 100,000 nubios de su territorio ancestral a lo largo del Nilo; un proceso descrito como epistémico, al borrar una cultura que ya había sobrevivido a un desplazamiento anterior provocado por la Presa Baja de Asuán, construida por los colonizadores británicos en 1902. La presa era el símbolo egipcio de la modernidad postcolonial e industrialización; los nubios que perdieron sus aldeas bajo su embalse fueron, en este sentido, el costo del progreso de otros.
La Gran Presa del Renacimiento Etíope en el Nilo Azul reabre esa historia desde el otro extremo. Cuando Etiopía comenzó su construcción en 2011, rompió un marco de asignación de agua que había estado vigente desde la época colonial: un tratado de 1929 (renegociado en 1959) que garantizaba a Egipto un suministro anual de 55,500 millones de metros cúbicos de agua del Nilo y otorgaba a El Cairo un poder de veto efectivo sobre cualquier proyecto de infraestructura aguas arriba. El tratado se firmó sin la participación de Etiopía y distribuyó, entre Egipto y Sudán, la totalidad de un río cuyo afluente más importante (el Nilo Azul, que aporta aproximadamente el 85 por ciento del caudal total del Nilo) nace en las tierras altas de Etiopía. A pesar de suministrar la mayor parte del agua, Etiopía tenía derecho a usar menos del uno por ciento de ella. El marco colonial había construido, en efecto, una estructura legal que controlaba los beneficios del río con tanta seguridad como cualquier contención física.
La GERD, actualmente la presa más grande de África, representa la afirmación de Etiopía de que este acuerdo era un artefacto colonial. Egipto responde que la presa constituye una amenaza existencial para su seguridad hídrica, ya que el 98 por ciento de sus recursos hídricos renovables provienen del Nilo. Sin un caudal anual mínimo garantizado, tanto la agricultura como la generación de electricidad colapsarían. Dos reclamos irreconciliables sobre el mismo río, ambos fundamentados en necesidades reales. A diferencia de las comunidades desplazadas por las Tres Gargantas, quienes eran al menos nominalmente integrantes del Estado que las desplazaba y por tanto elegibles para recibir compensaciones —por mal administradas que estuvieran—, Egipto carece de mecanismos legales para obligar a un vecino soberano aguas arriba.
Día Cero
En enero de 2018, la ciudad de Ciudad del Cabo anunció que se acercaba a un punto en el que los niveles de los embalses caerían por debajo del 13.5 por ciento de su capacidad, lo que obligaría al municipio a cortar el suministro de agua para la mayoría de los 3.7 millones de habitantes de la ciudad. El anuncio del Día Cero llegó a los titulares internacionales como evidencia de un nuevo tipo de catástrofe urbana: una gran ciudad de la era moderna a punto de quedarse sin agua. Para julio, las fuertes lluvias invernales volvieron a elevar los niveles de los embalses por encima del 50 por ciento, y la crisis se declaró superada.
En las ciudades del Sur Global, la infraestructura de agua fue diseñada para poblaciones más pequeñas, menos densas y distribuidas según lógicas de planificación colonial que reservaban los servicios formales para ciertos barrios y se los negaban a otros. Cuando estas ciudades crecieron de manera informal, absorbieron a millones de habitantes en asentamientos que se acumularon en la periferia. La infraestructura no se expandió para adaptarse a esta nueva realidad, careciendo de presión de agua, de conexiones con medidores y de la redundancia que otorga resiliencia a un sistema. Para 2018, los asentamientos informales de Khayelitsha y Mitchell’s Plain recibían agua a través de grifos públicos comunitarios que entregaban menos de 25 litros por persona al día (la ración del Día Cero que la ciudad proponía como medida de emergencia para la ciudad formal).
Durante el apartheid, los servicios de agua y saneamiento estaban divididos en 25 municipios independientes, cada uno de los cuales atendía a una población asignada por criterios raciales; los townships recibían lo que sobraba después de abastecer a las zonas residenciales blancas, y las tuberías que los conectaban recibían un mantenimiento deficiente por diseño. Cuando el apartheid terminó en 1994, la infraestructura física no desapareció. Para 2018, los hogares formales consumían el 66 por ciento del suministro de agua de la ciudad. Los asentamientos informales, donde residía el 14 por ciento de los hogares de Ciudad del Cabo, utilizaban el 4 por ciento. Las restricciones que trajo consigo la sequía afectaron por igual a un hogar que consumía 300 litros al día y a uno que ya consumía solo 30.
El antropólogo Nikhil Anand, al estudiar la infraestructura de agua de Mumbai, denominó a esta condición ciudadanía hidráulica: la capacidad de los habitantes de ser reconocidos por los organismos municipales a través de conexiones de agua legítimas. Quienes no tienen conexión no están simplemente desatendidos; en la lógica administrativa del municipio, aún no son plenamente urbanos. El geógrafo Erik Swyngedouw, a partir de su trabajo en Guayaquil y otras ciudades del Sur Global, sostiene que el agua no fluye según las necesidades, sino a través de redes de poder, tecnología y significado, lo que convierte a la escasez en una condición producida socialmente. En Guayaquil, donde 600,000 personas carecían de un acceso fácil a agua potable mientras la ciudad se asentaba sobre recursos abundantes, los barrios populares dependían de camiones cisterna privados que cobraban precios que consumían una parte desproporcionada de los ingresos familiares. La lucha por el agua en ciudades como Guayaquil o Ciudad del Cabo es, en términos de Swyngedouw, no solo por el derecho al agua, sino por el derecho a la ciudad misma.
La frontera
El teórico político Stuart Elden sostiene que hemos estado pensando el territorio en la dimensión equivocada: como un área en lugar de un volumen, como una superficie plana por dividir en vez de un espacio tridimensional que se extiende por encima y por debajo de la tierra, hacia el subsuelo y el fondo marino. China está haciendo exactamente eso en el Mar de China Meridional, ya que no reclama una línea en un mapa, sino que construye un volumen: draga material del fondo marino, lo eleva por encima de la superficie y luego afirma que la columna de espacio sobre este, y el agua que lo rodea, ahora pertenecen a una jurisdicción política diferente. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) fue redactada para un mundo de superficies. La isla artificial opera en la profundidad. El derecho territorial moderno, incluida la arquitectura legal del mar, se construyó bajo el supuesto de la superficie (la línea en el mapa, la plataforma continental). No obstante, lo que falta es la profundidad: el control político sobre lo que se encuentra simultáneamente arriba y abajo.
Entre diciembre de 2013 y octubre de 2015, China dragó arena y coral del lecho marino de las Islas Spratly y los depositó sobre siete arrecifes sumergidos, creando cerca de 3,000 acres de tierra nueva. Lo que China construyó no fue, en términos de Elden, una superficie sino un volumen. Extrajo material del fondo marino, lo eleva por encima del nivel del agua y luego afirmó que la columna de agua y el espacio aéreo circundantes ahora entraban dentro de una jurisdicción política diferente. Los marcos legales que regulan el mar fueron redactados para un mundo de superficies; la isla artificial opera en profundidad, fabricando el suelo sobre el cual se sustentarían sus reclamos a partir del suelo que estaba bajo el agua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China describió la construcción con el fin de optimizar funciones y mejorar las condiciones de vida y de trabajo.
Bajo la CONVEMAR, las islas artificiales no generan un mar territorial propio. El fallo del tribunal arbitral de 2016, promovido por las Filipinas, determinó que el reclamo de China sobre la «línea de los nueve puntos» carecía de base legal y que China había violado los derechos soberanos de Filipinas. Sin embargo, el patrón es recurrente: construir primero, disputar después y confiar en el hecho de que no existe ningún mecanismo de aplicación capaz de desmantelar lo que ya se ha construido. El agua, en todos los casos analizados en este artículo, ha sido canalizada, contenida, racionada y convertida en territorio a través de la infraestructura. La arquitectura es irreversible de una manera en que el argumento legal no lo es, lo cual es precisamente el punto.
Este artículo es parte del Tema de ArchDaily: La arquitectura del agua: territorios, tensiones y transformaciones. Cada mes exploramos un tema en profundidad a través de artículos, entrevistas, noticias y proyectos de arquitectura. Te invitamos a conocer más sobre nuestros temas de ArchDaily. Y, como siempre, en ArchDaily valoramos las contribuciones de quienes nos leen; si quieres presentar un artículo o un proyecto, contáctanos.
Este artículo fue escrito por Diogo Borges Ferreira. La traducción fue realizada mediante IA.
