Bruselas examina el uso de 2.389 millones ‘Next Generation’ para el pago de pensiones en España.
La Comisión Europea ha asegurado este martes que está revisando la información sobre el uso de 2.389 millones de euros de fondos europeos para financiar el pago de pensiones en España en 2024, después de que el Tribunal de Cuentas español cuestionara la justificación jurídica de esta operación y advirtiera de posibles dudas sobre el uso de créditos sobrantes del plan de recuperación fuera de los fines inicialmente previstos.
«Estamos revisando actualmente la información y estamos en contacto con las autoridades españolas», ha señalado un portavoz comunitario preguntado por la utilización de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para pagar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos ante la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de las cuentas públicas.
En todo caso, Bruselas ha indicado que este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no tiene, «en principio, impacto sobre los intereses financieros de la Unión ni consecuencias para la aplicación del fondo europeo de recuperación».
La Comisión recuerda además que los desembolsos del MRR se realizan en función del cumplimiento de hitos y objetivos incluidos en los planes nacionales de recuperación y que el importe de cada pago no está directamente vinculado a los costes reales asumidos por los Estados miembro.
Por ello, el Ejecutivo comunitario apunta que es «totalmente posible» que un país tenga que adelantar financiación para determinadas inversiones antes de recibir nuevos desembolsos europeos y añade que también puede utilizar la liquidez procedente de estos pagos para cubrir otros gastos.
El Tribunal de Cuentas reveló este lunes que el Gobierno recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos, ante la insuficiencia de crédito presupuestario provocada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
El organismo fiscalizador sostiene, no obstante, que esta actuación se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos «que deberían haber quedado mejor justificados» y advierte de una «incertidumbre» sobre las limitaciones al uso de créditos sobrantes de fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de este mecanismo.
En respuesta a estas dudas, la Comisión ha insistido en que lleva a cabo controles sobre los sistemas nacionales de supervisión y que puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses si el Estado miembro no corrige la situación.
