El pasado 5 de octubre, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció lo que muchos ya esperaban: una nueva llamada a las urnas el próximo 29 de noviembre que decidirá el color de la próxima legislatura.
Con esta nueva convocatoria electoral, algunos de los planes del actual Ejecutivo que estaban en tramitación quedan en el aire. Muchos de ellos están relacionados con el sector energético, que atraviesa además un momento especialmente delicado por la situación internacional. Algunos tendrán que esperar; otros, podrán ir tirando. Lo que sí tendrán en común es que estarán rodeados de incertidumbre hasta que se forme un nuevo Gobierno. Y es que muchas entidades clave temen no tanto que estos marcos regulatorios no acaben saliendo adelante como que su aprobación pueda alargarse mucho en el tiempo.
La planificación eléctrica, en manos del próximo Ejecutivo. El Ministerio para la Transición Ecológica presentó una propuesta para la electrificación de la red de transporte que debía servir como hoja de ruta para adaptar las infraestructuras energéticas a la descarbonización de la economía y al aumento de la demanda eléctrica industrial.
Con el posible cambio de Gobierno, este plan queda en el aire y, como indica El Periódico de la Energía, su tramitación difícilmente podrá completarse en el Congreso antes del 29N. A la espera de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y al depender tan directamente del MITECO y afectar a varios gobiernos autonómicos, su aprobación final seguramente quedará en manos de la decisión que se tome en las urnas.
El mercado de capacidad también queda en el aire. Cuenta 20 Minutos que la vicepresidenta tercera Sara Aagesen propuso en un primer borrador en septiembre de 2025 aumentar la red de electricidad en 27.700 megavatios para aliviar su saturación. A pesar de la aprobación de un mercado de capacidad el pasado mes de septiembre de 2026 y de la regulación de sus condiciones, es muy posible que se retrase notablemente el lanzamiento de la primera subasta y que sigamos recurriendo al SRAD para equilibrar el sistema.
Producción eléctrica fuera de la península. Según El Correo, otro de los expedientes cuya aprobación podría quedar pendiente es el que afecta a los territorios no peninsulares de Ceuta y Melilla y que regula la actividad de producción eléctrica en estos enclaves. De acuerdo con este medio, la interconexión submarina por cable con Ceuta reducirá la dependencia de la generación local y quedará pendiente definir el papel de la central de ciclo combinado que operaba hasta ahora en la ciudad autónoma.
Los centros de datos. Entre los planes de Sánchez también se encontraba la aprobación de un Real Decreto para regular este tipo de instalaciones que generó cierta polémica y que, según apunta El Periódico de la Energía, cuenta con más de 10.500 alegaciones interpuestas, lo cual complica que pueda resolverse todo en tan solo dos meses. La propuesta contemplaba que el 80% del consumo de los centros de datos se hiciese con generación renovable ajustable hora a hora, cuyas fuentes no superasen los 18 meses de antigüedad: cuestiones que, según las voces más críticas, eran muy difíciles de cumplir.
Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el Gobierno pretende aprobar la regulación de los centros de datos antes de las elecciones.
Un problema de incertidumbre. A diferencia de otras políticas públicas, las decisiones energéticas tienen una particularidad importante: muchos de los proyectos que dependen de ellas tardan años en desarrollarse. De ahí que el problema no sea únicamente quién resulte vencedor el próximo 29N, sino qué prioridad se le dará a los expedientes abiertos, cuáles se mantendrán en la agenda de la próxima legislatura y a cuáles se les dará carpetazo en un cajón.
Imagen | Alexander Awerin
