El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por ‘fondos buitre’ hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.
Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han confirmado que el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, han llegado a un acuerdo para aprobar estos dos decretos que defienden «los intereses y los derechos de la ciudadanía».
Además de los puntos anteriormente mencionados, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto.
Debido a la importancia de estas medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos.
La reunión del Consejo ha comenzado pasadas las 10:30 de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.
Los últimos escollos que dificultaban el llegar a un acuerdo pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinos, que promueve la acampada de protesta en La Puerta del Sol de Madrid.
A la reunión del Consejo han entrado todos los integrantes del Ejecutivo, por lo que no ha habido plantón de ministros de Sumar, como ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre.
El socio minoritario consideraba entonces que las medidas incluidas eran poco ambiciosas y consiguió ampliarlas a base de presión. Sin embargo, el decreto decayó un mes después al no lograr los apoyos para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
Ahora los socialistas quieren evitar esa situación y buscan un acuerdo de mínimos que consiga apoyos de todos sus socios de investidura, también de los más escorados a la derecha como PNV y Junts.
