España ha pedido a la Comisión Europea activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a las consecuencias de los grandes incendios forestales registrados este verano.
El Gobierno cifra en 3.545,57 millones de euros los daños directos provocados por los fuegos en las 14 regiones afectadas y ha solicitado también el pago de un anticipo de esta ayuda europea.
Los incendios, que se sucedieron desde el 9 de julio con el fuego de Los Gallardos (Almería), dejaron 16 fallecidos y más de 170.000 hectáreas afectadas, además de daños en espacios forestales, explotaciones agrarias, infraestructuras y núcleos de población. Entre las zonas más castigadas figuran Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Aragón.
El Ministerio de Hacienda ha trasladado a Bruselas que estos incendios presentan una «excepcional gravedad» y cumplen, a su juicio, los requisitos para activar el mecanismo europeo en la categoría de catástrofe natural regional.
Un verano marcado por el calor extremo
La petición del Gobierno sitúa los incendios en un contexto meteorológico especialmente adverso. Según Hacienda, este verano ha sido el más cálido registrado en España desde el inicio de la serie histórica, en 1961, con sucesivos episodios de olas de calor que favorecieron la propagación de los fuegos.
Entre los principales incendios mencionados por el Ejecutivo están los de Los Gallardos (Almería), Orés-Cinco Villas (Zaragoza), La Mierla (Guadalajara), la Sierra Oeste de Madrid, Burgohondo y Navaluenga (Ávila), La Vall d’Uixó (Castellón) y Niebla (Huelva).
El incendio de la Sierra Oeste de Madrid y el sur de Ávila llevó además al Gobierno a declarar el 23 de julio la primera emergencia de interés nacional por un incendio forestal de la historia de España y a solicitar asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
190,68 millones de euros de operaciones elegibles
Aunque los daños directos ascienden a 3.545,57 millones de euros, Hacienda calcula en 190,68 millones el coste de las operaciones que podrían ser consideradas elegibles conforme a las normas del Fondo de Solidaridad europeo.
El mecanismo está destinado a prestar apoyo financiero a los Estados miembros afectados por grandes catástrofes naturales. En este caso, España considera que la magnitud de los incendios y sus consecuencias justifican su activación.
La solicitud también incluye el pago de un anticipo del fondo, con el objetivo de disponer de recursos antes de que concluya todo el proceso de evaluación.
Ahora corresponde a la Comisión Europea analizar la documentación y comprobar si se cumplen las condiciones para movilizar el fondo. Bruselas deberá determinar en un plazo de seis semanas desde la recepción de la solicitud el importe de la contribución financiera que podría corresponder a España.
