Una noticia puede llegar a millones de personas sin que todas ellas visiten el medio que la publicó. Durante años, los buscadores han servido como intermediarios entre quienes producen información y quienes quieren encontrarla, proporcionando un flujo de visitas que ayuda a sostener el negocio de la prensa digital. Sin embargo, la inteligencia artificial ha introducido un nuevo escenario: los usuarios pueden obtener respuestas directamente, sin necesidad de acceder a las fuentes originales. Para el lector puede resultar cómodo, pero para los medios plantea una cuestión de fondo sobre el valor de sus contenidos y cómo se remunera su trabajo.
Esa tensión acaba de trasladarse a la justicia europea. Este martes, 3 de noviembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha concluido que Gemini puede vulnerar los derechos de los editores cuando recupera y reutiliza sus publicaciones para generar respuestas en determinadas circunstancias. Su interpretación supone un revés para Google y abre una posible vía para futuras reclamaciones económicas por parte de los medios. Sin embargo, hay un matiz importante: se trata de unas conclusiones no vinculantes, por lo que todavía corresponde al tribunal pronunciarse mediante una sentencia.
Para entender el origen de esta disputa tenemos que trasladarnos a Hungría. Allí, Like Company, una empresa que gestiona varios portales informativos, emprendió acciones legales contra Google al considerar que Gemini utilizaba sus publicaciones sin autorización para elaborar respuestas. El expediente judicial recoge un ejemplo concreto relacionado con una noticia sobre Kozsó, un cantante húngaro que quería instalar un acuario con delfines junto al lago Balatón. El asistente generó un resumen detallado a petición de un usuario, lo que llevó a la editora a cuestionar el uso de sus contenidos. Ante las dudas sobre la legislación aplicable, un tribunal húngaro decidió consultar al TJUE.
La batalla por las noticias y la IA
No todas las respuestas de una inteligencia artificial basadas en noticias constituyen una infracción. La legislación europea distingue entre los hechos que relata un artículo y su forma concreta de expresión, que sí puede estar protegida. Según el abogado general, Gemini puede vulnerar los derechos de los editores cuando reproduce de manera reconocible sus publicaciones o accede a ellas eludiendo medidas técnicas eficaces de protección. El entrenamiento de modelos, en cambio, puede acogerse a las excepciones de minería de textos y datos bajo determinadas condiciones, aunque Szpunar propone no admitir las preguntas sobre esta cuestión porque no hay pruebas de que los artículos de Like Company se utilizaran para entrenar Gemini.
No es ningún secreto que los medios también se juegan parte de nuestro modelo de negocio en esta transformación. Las visitas a nuestras páginas permiten mostrar anuncios, generar impresiones publicitarias y, en algunos casos, captar suscriptores. Pero cuando alguien obtiene una respuesta directamente de Gemini o encuentra un resumen de AI Overviews en el buscador, ese recorrido hasta el artículo original puede no producirse, reduciendo las oportunidades de obtener ingresos por el trabajo periodístico. Algunas plataformas de inteligencia artificial cobran suscripciones y mantienen acuerdos comerciales con determinados editores, pero eso no significa que todas las publicaciones reciban compensaciones por el uso de sus contenidos.
No hablamos únicamente de una preocupación del sector. Pew Research Center observó en 2025 que, entre los usuarios estadounidenses analizados, el 8% de las visitas a páginas de resultados de Google con resúmenes de IA terminó en un clic en los enlaces tradicionales, frente al 15% cuando estos no aparecían. Además, el Reuters Institute recoge datos de Chartbeat que reflejan una caída global del 33% en el tráfico orgánico procedente del buscador hacia más de 2.500 sitios web entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, sin atribuir toda esa pérdida a la IA. Europa ya había intervenido en este terreno: Francia multó a Google con 250 millones de euros en 2024 por incumplir compromisos relacionados con los derechos de los editores, incluidos algunos vinculados al uso de contenidos en Bard, antecesor de Gemini.
Ahora, como explica el propio TJUE en su comunicado oficial, la última palabra sobre la interpretación de la legislación europea la tendrán sus jueces, que deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas desde Hungría. Su decisión será vinculante, pero corresponderá al tribunal nacional resolver el litigio concreto y determinar si existe una infracción y qué consecuencias tendría, incluidas posibles compensaciones económicas.
magen destacada | Caleb Oquendo
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