La guerra interna en CEOE entra en una nueva fase. José Manuel de Riva Zorrilla, exvicepresidente de Cepyme y miembro de la Junta Directiva de la patronal, ha solicitado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante que investigue las presuntas irregularidades denunciadas en el seno de la organización empresarial y que, en caso de apreciar infracciones muy graves, imponga sanciones económicas que podrían alcanzar el millón de euros para CEOE y multas de hasta 300.000 euros para algunos de sus principales responsables.
La documentación, a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, sitúa en el centro del procedimiento al presidente de CEOE, Antonio Garamendi; al secretario general de la patronal, José Alberto González-Ruiz; y a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno, María Aránzazu del Valle Schaan. La petición formulada por De Riva incluye, además, medidas cautelares de especial alcance político dentro de la organización, como la prohibición de ostentar cargos en asociaciones empresariales durante un mínimo de dos años para Garamendi, González-Ruiz y Del Valle.
La solicitud no equivale a una condena ni implica que los hechos denunciados hayan quedado acreditados. Se trata de una petición planteada ante la autoridad competente en materia de protección del informante, en el marco de una comunicación realizada al amparo de la Ley 2/2023. Según la documentación consultada, De Riva recibió una certificación acreditativa tras presentar una denuncia el pasado 24 de julio, lo que le permitiría acogerse a las medidas de protección y apoyo previstas para los informantes.
El núcleo de la denuncia sostiene que las comunicaciones presentadas por De Riva ante los órganos internos de CEOE no fueron tramitadas adecuadamente y que, en lugar de abrirse una investigación interna, se habrían producido represalias contra el denunciante. Según el escrito, este comportamiento podría vulnerar distintos preceptos de la Ley 2/2023, entre ellos los relativos a la obligación de disponer de un sistema interno de información eficaz, la prohibición de represalias y la protección de quienes comunican presuntas irregularidades.
Uno de los episodios señalados se remonta a la Junta Directiva de CEOE del 19 de febrero de 2025, en la que De Riva asegura haber denunciado supuestas interferencias de la dirección de CEOE en el proceso electoral de Cepyme. Según la documentación, ni esa intervención ni la petición de activar la Comisión de Régimen Interno fueron incorporadas al acta. De Riva sostiene que reclamó posteriormente que se incluyera la documentación correspondiente, sin que esa solicitud prosperara.
La denuncia también apunta a presuntas irregularidades atribuidas a dirigentes de la organización. Entre ellas, menciona la actuación de Ángela de Miguel, actual presidenta de Cepyme y vicepresidenta de CEOE en Castilla y León, en relación con el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León. Según el denunciante, De Miguel habría favorecido a compañeros de su despacho profesional en adjudicaciones de arbitrajes del SERLA. La documentación plantea que esos hechos podrían encajar, siempre según la tesis del denunciante, en posibles supuestos de corrupción entre particulares y fraude de subvenciones, por tratarse de un organismo con financiación pública.
Otro bloque de la denuncia se refiere a la posible desviación de fondos o a contrataciones en beneficio de personas vinculadas a dirigentes de CEOE. El escrito cita, entre otros extremos, un viaje a Roma de la esposa de Garamendi supuestamente sufragado por CEOE, la incorporación de familiares de un dirigente territorial a la estructura de la organización y la contratación de una empresa vinculada a la esposa de Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA. Todas estas cuestiones aparecen formuladas como hechos denunciados y pendientes de comprobación por la autoridad competente.
La documentación también recoge presuntas situaciones de acoso laboral en CEOE y Cepyme. En concreto, se menciona un caso que, según el denunciante, habría terminado con una indemnización de 55.000 euros sin que se activara el protocolo interno previsto para estas situaciones. De Riva pide que se investiguen estos extremos y que, si procede, se dé traslado a la Fiscalía de los hechos que la Autoridad Independiente de Protección del Informante considere relevantes.
El capítulo sancionador es el que eleva la presión sobre la cúpula empresarial. De Riva solicita que, con base en el artículo 65 de la Ley 2/2023, se sancione a CEOE con un millón de euros por infracción muy grave. También pide multas de 300.000 euros para Garamendi, González-Ruiz y María Aránzazu del Valle, igualmente por presunta infracción muy grave.
Además, reclama sanciones de 100.000 euros para la instructora del procedimiento abierto contra él, Marina Serrano; para Ángela de Miguel; para Lorenzo Amor; y para el presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, en este caso por presunta infracción grave. La denuncia sostiene que CEOE reaccionó con rapidez para tramitar un expediente disciplinario contra De Riva, pero no actuó con la misma diligencia ante las denuncias internas que él había formulado.
Las cautelares solicitadas tienen también una fuerte carga institucional. De Riva pide que Garamendi, González-Ruiz y Del Valle no puedan ostentar cargos en asociaciones empresariales durante al menos dos años. Reclama asimismo una prohibición de un año para otros dirigentes y miembros de la Comisión de Régimen Interno. También solicita que CEOE publique una nota de prensa con la misma difusión que la emitida el 31 de marzo de 2025, que a juicio del denunciante causó un grave perjuicio a su reputación, y que la dirección de la patronal le pida disculpas.
El procedimiento abre ahora un frente delicado para Garamendi en plena antesala electoral de CEOE. La clave no está solo en el recorrido jurídico de las denuncias, todavía pendiente de resolución, sino en el impacto político que puede tener una investigación formal sobre la dirección de la patronal. El presidente de CEOE conserva una posición interna sólida, pero el caso De Riva amenaza con convertir una reelección que se presumía tranquila en una votación bajo presión.
