Al recorrer el frente marítimo de Barcelona, el litoral da la impresión de haber estado allí desde siempre: arena, palmeras, un largo paseo, restaurantes, tiendas y hoteles modernos; sin embargo, la realidad es que no siempre ha sido así. Hasta la década de 1980, la fachada marítima de Barcelona era una barrera activa de vías ferroviarias, fábricas y viviendas informales, y las aguas residuales desembocaban directamente en el Mediterráneo. A partir de 1987, Barcelona comenzó a crear de manera continua grandes paseos y corredores entre la ciudad y el mar, configurando un entorno que hoy en día muchos podrían interpretar como un espacio previamente vacío, pero que en realidad es el resultado de décadas de infraestructura y complejidad social, junto con un esfuerzo municipal por transformar el territorio de la ciudad y su relación con el agua. Analizar esta transformación plantea tres preguntas que estructuran este artículo: ¿quién fue desplazado para abrir el frente marítimo, quién lo gobierna hoy y quién lo mantiene en pie?
El primer intento de entablar una relación con el agua se remonta a finales de la década de 1980, como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de 1992, según una revisión de 2025 sobre el tema realizada por N. Benach y N. Font-Casaseca. Durante las décadas anteriores, una línea de ferrocarril había separado el tejido industrial de Barcelona del mar, y existían asentamientos informales a lo largo de la costa de la ciudad, en playas como el Somorrostro. La misma revisión sitúa el inicio concreto de estos esfuerzos en 1987, con el Plan Especial del Port Vell y el Moll de la Fusta. Según J. Henrich i Monrás, este plan surgió de un estudio urbano más amplio publicado por el Ayuntamiento de Barcelona, Àrees de Nova Centralitat, y su objetivo era sustituir las funciones portuarias y de almacenamiento por usos recreativos, hoteleros y comerciales.
Las obras olímpicas dieron entonces forma física a esa visión. Benach y Font-Casaseca describen también cómo se soterró la vía férrea y cómo empezaron a depurarse las aguas residuales que antes se vertían directamente al Mediterráneo. Al mismo tiempo, la ciudad creó y estabilizó nuevas playas, mejoró el acceso a lo largo de la costa y construyó la Vila Olímpica y un puerto deportivo en antiguos terrenos industriales del Poblenou. No obstante, también señalan que el frente marítimo nunca estuvo vacío en un principio: estaba repleto de instalaciones industriales, viviendas y, como se ha mencionado, asentamientos informales. Bajo esta perspectiva, observan que abrir la ciudad al mar implicó despejar un área que, a mediados del siglo XX, albergaba a unas 15,000 personas.
Esta historia hace difícil evadir la pregunta central del tema: ¿quién reclama la tierra cuando una ciudad recupera su frente marítimo, y es el resultado un esfuerzo integrador o de especulación económica? Montesinos i Curió et al. plantean dos escenarios posibles: o bien el espacio se vuelve accesible y acogedor para la población local, o bien se transforma en un foco de atracción para un grupo específico, en este caso, los turistas. Según su lectura, tras el éxito mundial de los Juegos de 1992, la ciudad continuó utilizando sus nuevos espacios para promocionar su propia imagen y reputación, lo que apunta a que el segundo escenario es el que mejor se ajusta a la realidad.
Esa lógica impulsada por el turismo es visible hoy en el puerto, donde la cuestión de quién reclama el frente marítimo se ha convertido en un asunto de propiedad institucional. Según un artículo de 2025 del Port de Barcelona, un nuevo protocolo entre el Ayuntamiento y el puerto prevé demoler tres antiguas terminales de cruceros, construir una nueva y moderna terminal e incorporar nuevas tecnologías en el recinto portuario. El artículo presenta esta inversión público-privada como un compromiso con el desarrollo sostenible de la actividad de cruceros. Añade que, para la ciudad, el turismo marítimo es un sector económico de gran peso, pero que requiere medidas de planificación y gestión para lograr un modelo más ordenado y eficiente que respete el entorno urbano y ambiental de Barcelona. De este modo, el frente marítimo es reclamado por dos instituciones con diferentes incentivos, y su futuro depende más de la negociación que del diseño por sí solo.
Independientemente de quién gobierne la costa, aún queda un tercer problema: mantenerla en su lugar. Muchas de las playas resultantes de los planes de finales del siglo XX fueron creadas total o parcialmente de forma artificial, lo que genera un problema constante de mantenimiento y sostenibilidad. Según el Ayuntamiento, las playas de Barcelona pierden aproximadamente 30,000 m³ de arena al año, y otras fuentes señalan al cambio climático como un factor adicional, a medida que la intensificación de las tormentas y el aumento del nivel del mar erosionan el litoral. La respuesta habitual ha sido aportar más arena, en ocasiones procedente de obras cercanas de la propia ciudad. Sin embargo, esto no es suficiente, por lo que a veces se importa arena de otros puntos de España o del extranjero. La playa que debía volver a conectar a la ciudad con el mar depende ahora de un suministro continuo de material procedente de otros lugares.
Barcelona no amplió su suelo edificable rellenando el mar. Su recuperación del espacio fue más sutil: le ganó terreno a la industria y al puerto, y creó playas con arena importada. Aun así, esta forma «blanda» de recuperación generó una obligación permanente, ya que una costa construida en un par de años debe mantenerse durante décadas. En ese sentido, Barcelona sugiere que la relación de una ciudad con su frente marítimo es, en última instancia, un compromiso entre actores con intereses diversos, y que el límite del agua merece la misma atención que las carreteras y la vivienda: planificación, financiación y cuidado a lo largo del tiempo, recordándonos que las soluciones de una época terminan convirtiéndose en la factura de mantenimiento de la siguiente.
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Este artículo fue escrito por Moises Carrasco. La traducción fue realizada mediante IA.
