El jueves 16 de julio de 2026, en La Mierla, al norte de la provincia de Guadalajara fue «una cosechadora agrícola«. En Burgohondo, al sur de Ávila, fue «una imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada». En Los Gallardos, al norte de Almería, fue un cable olvidado y las Peñas de Riglos, en la hoya de Huesca, las sospechas apuntan a una campa de unas obras en la A-132.
Faltan datos oficiales y meses de investigaciones, pero algo está claro algo no funciona en la normativa. España es ahora mismo el meme del perro que, en mitad de una cafetería en llamas, dice «it’s fine» y sigue a lo suyo. Pero no podemos seguir así.
Una normativa con agujeros. Aunque no suele hablarse de esto, muchas de estas cosas están «prohibidas» en España. Desde el Real Decreto-ley 15/2022, la Ley de Montes prohíbe usar maquinaria «cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas» cuando AEMET prevé riesgo muy alto o extremo, y el RD 716/2025 extendió esa prohibición a una franja de 400 metros alrededor del monte, salvo autorización expresa.
El problema real es que «prohibir» quizás sea un término excesivo para un sistema de excepciones, declaraciones responsables y ventanas horarias. En La Mierla, hasta donde sabemos, se podía cosechar; con algunas medidas de seguridad, pero se podía.
La maraña de regulaciones es muy densa… Castilla-La Mancha y Extremadura suspenden los trabajos de 14:00 a 17:00 y Galicia lo hace de 12:00 a 18:00. Castilla y León permite cosechar con matachispas «salvo que la temperatura sea superior a 30 ºC y la velocidad del viento supere los 30 km/h». Las dos cosas a la vez.
Y así podríamos seguir comunidad a comunidad porque no existe una normativa nacional que regule este tipo de cosas. De hecho, a la obra pública se le aplica el mismo tipo de regulación que a los agricultores.
…y poco efectiva. Al menos, cuando el verano se desborda. Es decir, en veranos como este. El avance del MITECO a 2 de agosto contaba 144.844,80 hectáreas quemadas. Eso es el 0,507 % de la superficie forestal nacional. Casi dos veces y media por encima del 0,207 % de la media de los últimos 10 años. Pero los datos del sistema europeo EFFIS, que usa imágenes satelitales y actualiza más rápido, hablaba de a 222.783 hectáreas a 5 de agosto, el 44,5 % de todo lo quemado en la Unión Europea.
Si la situación sigue así (y seguirá), nuestra regulación está claramente obsoleta.
Una bomba de relojería. Sobre todo porque investigaciones como la de la UPNA, la Universidad de Zaragoza y Fundación Mapfre señalan que, aunque este tipo de maquinaria no es la primera causa de incendios forestales, sí que tienen la capacidad de provocar incendios muy destructivos porque coincide (en el tiempo y en el espacio) con las peores condiciones de propagación.
¿Y qué hacer? Si miramos al exterior la respuesta parece clara: ser más restrictivos. Y sí, parece difícil congeniar la necesidad de regular más con la idea de que el campo está hiperregulado, pero es así: históricamente, las regulaciones han surgido para solucionar problemas que el mal uso, la mala fe y las imprudencias iban generando.
Y no es tan difícil, En Portugal, por ejemplo, tras años de situaciones críticas no veta ya unas pocas horas; desplaza toda la actividad a la noche. En Oregon hacen algo similar en niveles medios, pero prohibi directamente todo cuando el riesgo es alto.
No es tan raro como parece. Desde hace años, en España la normativa para el trabajo al aire libre va por ese camino y cambia automáticamente en cuanto AEMET modifica las alertas.
La pregunta es cuánto vamos a tardar en tomarnos en serio
