El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado luz verde este jueves a la prórroga hasta 2030 de la operación de Almaraz. El órgano de decisión emite un informe técnico favorable tras la petición de sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, para extender la vida útil de la central nuclear extremeña.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultadas por ECONOMÍA DIGITAL indican que están a la espera de recibir el preceptivo informe del CSN sobre la solicitud de CNAT, la sociedad propietaria de la central, para renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.
Siguiendo el procedimiento establecido, el Gobierno estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central, según confirman dichas fuentes ministeriales.
La decisión del pleno llega tras haberse aplazado la semana pasada con el objetivo de debatir el dictamen de los técnicos a petición de uno de los consejeros.
En cualquier caso, se esperaba que el pronunciamiento del CSN llegase antes de finales de este mes. El pleno del CSN lo componen el presidente Juan Carlos Lentijo, la vicepresidenta Pilar Lucio y tres vocales, Javier Dies, Francisco Castejón y Silvia Calzón.
El acuerdo de emisión de este informe preceptivo que se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN, cuenta con la abstención del consejero Francisco Castejón.
El informe plantea el mantenimiento de los límites y condiciones de la de la autorización vigente, pero los técnicos del regulador han incluido dos excepciones al marco actual.
Una de ellas para matizar el alcance temporal de la renovación y otra para actualizar las revisiones vigentes de los Documentos Oficiales de Explotación.
También han solicitado una nueva condición relacionada específicamente con la renovación solicitada, la de asegurar dotaciones de personal con funciones relacionadas con la seguridad para 2028-2030.
Almaraz necesita 150 millones de inversión hasta 2030
Almaraz realizó su última revisión periódica de seguridad en el año 2020. Dicho examen tiene una validez de diez años, por lo que garantiza su seguridad hasta 2030, fecha en la que se plantea el nuevo cierre de la central y el apagado de sus reactores.
Pero la inversión en el mantenimiento de las instalaciones y su seguridad es algo clave para ampliar su vida útil. En este caso concreto, alargar la operación de Almaraz desde 2027 a 2030 requeriría un coste para las propietarias de 150 millones de euros.
Desde la patronal Foro Nuclear consideran que el informe del CSN «confirma que la central nuclear de Almaraz reúne las condiciones necesarias para que sus dos unidades sigan operando más allá de 2027 y 2028».
Para Foro Nuclear, esta evaluación reconoce la «excelencia operativa» de la central, las inversiones realizadas y el «compromiso de sus profesionales», además de constituir un «elemento clave» para que el Gobierno autorice su funcionamiento hasta 2030.
«El criterio del organismo regulador, riguroso e independiente, debe constituir un elemento esencial en la decisión que corresponde adoptar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», ha señalado.
Cabe destacar que, en 2025, Almaraz revalidó la máxima calificación otorgada por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), situándose así entre las centrales nucleares mejor valoradas del mundo por seguridad, fiabilidad y excelencia operativa.
Sin rebaja fiscal
Más allá de la inversión, las propietarias necesitan cumplir con una serie de requisitos que impuso el Gobierno como líneas rojas y a las que se han tenido que amoldar para pedir la ampliación.
Estas son asegurar la seguridad radiológica, evitar que los costes recaigan en los consumidores y que la ampliación sea técnica y energéticamente necesaria.
Es precisamente en el punto de los costes donde más debate ha habido, puesto que las grandes eléctricas han peleado durante meses para poder conseguir una rebaja a la carga fiscal que soporta la energía nuclear española, especialmente la denominada ‘tasa Enresa’.
Tras no lograrlo, Iberdrola, Endesa y Naturgy, finalmente y al límite del plazo permitido, enviaron la petición formal al CSN para que pudiera valorar la situación de la central.
No obstante, en el plano fiscal el Gobierno ha anunciado ya la desaparición progresiva del impuesto del 7% a la producción eléctrica, que afecta a todo tipo de generación eléctrica y que dejará de existir en 2028.
