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España encara el fin de los fondos europeos con más de 25.000 millones pendientes

by markoflorentino@icloud.com


España encara la recta final del mayor programa de inversión pública puesto en marcha tras la pandemia. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) entra este lunes, 31 de agosto, en su última jornada para ejecutar los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas, aunque el Gobierno todavía tendrá un mes más para solicitar oficialmente el último desembolso de los fondos europeos.

Hasta ahora, España ha recibido 78.000 millones de euros en seis desembolsos, el equivalente al 76,5% de los 102.000 millones asignados en transferencias. Para cerrar definitivamente el programa queda un último pago que puede alcanzar los 25.862 millones de euros, repartidos entre 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos.

La solicitud deberá presentarse antes del 30 de septiembre e incluirá la evaluación de 148 hitos y objetivos. Si Bruselas da su visto bueno, España habrá recibido más de 100.000 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que termine 2026.

En esta última fase, además, tres hitos vinculados al sexto desembolso serán reformulados mediante una adenda técnica, con el objetivo de aclarar su redacción de cara a su incorporación en la solicitud del séptimo pago.

El sexto desembolso llegó este mismo mes de agosto y ascendió a 6.234 millones de euros. De esta cantidad, 4.962 millones correspondieron a transferencias, incluidos 265 millones que habían quedado pendientes del quinto pago, mientras que otros 1.008 millones fueron préstamos. El ingreso se produjo después de que España acreditase el cumplimiento de 73 nuevos hitos y objetivos.

Los últimos datos de la plataforma pública Elisa, actualizados a 30 de junio, muestran que durante la ejecución del Plan se habían convocado más de 95.000 millones de euros, asignado casi 80.000 millones y resuelto más de 70.000 millones.

El Gobierno también vincula el despliegue de estos fondos con la evolución de la economía española. Según sus datos, España fue por segundo año consecutivo la economía desarrollada que más creció en 2025 y aportó el 40% del crecimiento y casi la mitad de la creación de empleo de la eurozona.

Además, sostiene que el PIB español se encuentra ahora un 8,5% por encima de los niveles previos a la pandemia, un crecimiento que supera en un 40% al de la media de la eurozona y multiplica por 22 el registrado por Alemania.

De un desplome histórico a un programa europeo sin precedentes

El origen del Plan está en el shock provocado por la pandemia. La llegada de la Covid-19 en marzo de 2020 paralizó buena parte de la actividad económica y golpeó especialmente a España por el peso de sectores como el turismo, muy expuestos a las restricciones de movilidad.

El PIB español llegó a caer más de un 10% en 2020, lo que obligó a diseñar una respuesta distinta a la de crisis anteriores. En julio de ese año, el Consejo Europeo acordó crear Next Generation EU, un instrumento extraordinario inicialmente dotado con 750.000 millones de euros para financiar la recuperación y modernizar las economías europeas.

El mecanismo combinaba transferencias y préstamos y tenía como grandes prioridades la transformación digital y la transición ecológica.

A España le correspondió inicialmente una asignación de 160.000 millones de euros para el periodo 2021-2026: unos 80.000 millones en transferencias directas y otros 80.000 millones en préstamos.

La cifra de créditos solicitados, sin embargo, se ha quedado finalmente en unos 21.500 millones, alrededor de una cuarta parte de los préstamos que España tenía asignados. El motivo es que el Estado puede financiarse actualmente en los mercados a costes inferiores a los que ofrecen los préstamos europeos.

Las primeras estimaciones apuntaban a que el Plan podía elevar el PIB español en más de un 2% durante sus primeros cuatro o cinco años de vigencia. De cara a 2030, el impacto acumulado podría llegar a tres puntos adicionales de PIB.

El dinero europeo no llegó solo. El Plan incorporó una extensa agenda de reformas estructurales con cuatro grandes objetivos: avanzar hacia una economía más verde, digital, cohesionada social y territorialmente e igualitaria.

Entre las medidas que más dificultades políticas generaron estuvieron la reforma laboral y la reforma de las pensiones. La primera estuvo a punto de no salir adelante en el Congreso y terminó aprobándose por un solo voto después de que un diputado del PP se equivocara en la votación.

Junto a las reformas legislativas, el Gobierno utilizó los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) como una de las principales herramientas para canalizar inversión público-privada hacia sectores considerados estratégicos y acelerar su modernización.

España Crece toma el relevo de los Next Generation

El cierre del Plan no significa, al menos para el Gobierno, el final de esta política de inversión. La siguiente pieza será el fondo soberano España Crece, concebido para tomar el relevo de los fondos europeos y movilizar hasta 120.000 millones de euros.

El vehículo tendrá una base de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La intención es utilizar esos recursos para coinvertir con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital.

Con esa dotación, el ICO estima que podrá movilizar directamente alrededor de 60.000 millones de euros. Si a esta cantidad se suma la financiación aportada por entidades y por el sistema bancario, la inversión total podría alcanzar los 120.000 millones.

La estrategia se centrará en ámbitos considerados prioritarios para la economía española: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento y seguridad.

El Plan de Recuperación encara así sus últimas horas de ejecución. Tras seis desembolsos y 338 hitos cumplidos, España tiene todavía que superar la última evaluación europea para cerrar definitivamente un programa nacido para responder a la crisis de la Covid y que, según el Gobierno, aspira a dejar algo más que una inyección temporal de dinero: una economía transformada y una nueva vía de financiación para mantener la inversión una vez se hayan agotado los fondos europeos.






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