El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este sábado «responsabilidad» a Junts para sacar adelante la ley de amnistía, sin convertir la negociación con el PSOE en un «pulso para ver quién cede y quién gana» en el redactado final: «Este proyecto no puede descarrilar», ha advertido.
En declaraciones a RAC1, recogidas por Efe, Urtasun se ha mostrado «convencido» de que al final la ley de amnistía sí se aprobará, a pesar de que el pasado martes el pleno del Congreso de los Diputados la tumbara con los votos en contra de PP, Vox y JxCat. El ministro afirma, además, que el ‘no’ de Junts «fue un error», porque hay «muchísima gente» pendiente de que se apruebe la amnistía y porque la votación del martes ha concedido «un mes» a los contrarios a la iniciativa para «seguir torpedeando el proceso».
Por ello, ha pedido actuar a partir de ahora «con responsabilidad» y «dialogar mucho» para sacar adelante este «gran proyecto de la legislatura». Urtasun hace así un claro llamamiento a Junts, con el fin de evitar que este mes de negociación «se convierta en un pulso para ver quién cede y quién gana» en la solución final, ya que considera que eso sería «hacerle un favor al PP»: «Hemos de cuidar la mayoría» de la investidura, recalca.
Con respecto a la posibilidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la potestad del juez, y así alargar la instrucción, tal y como apunta este sábado La Vanguardia, el ministro de Cultura ha evitado pronunciarse y ha apostado por «trabajar con discreción» sin abrir un «gran debate público» sobre cuál puede ser la solución.
Sí se ha mojado a la hora de defender a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en sus críticas a la «implicación política» del juez Manuel García-Castellón. Urtasun ha denunciado que hay jueces que «actúan con motivaciones políticas», si bien se ha mostrado contrario a ir «adaptando» la ley de amnistía «a la última decisión» que vaya tomando un juez. La ley de amnistía, ha remarcado, deberá pasar «todos los filtros» constitucionales para poder ser «efectiva».
