El Tribunal Supremo ha vuelto a corregir al Gobierno en el largo proceso de liquidación de las autopistas de peaje rescatadas por el Estado. En una sentencia fechada el pasado 2 de junio, el Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por Sacyr contra el cálculo de las indemnizaciones derivadas del rescate de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid, así como de un tramo de la M-50, y ha instado al Ejecutivo a recalcular la cuantía definitiva y proceder al pago «sin necesidad de más demora».
La resolución anula el acuerdo complementario aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023, mediante el cual se fijó una compensación de 570 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Se trata del segundo cálculo realizado por el Gobierno, después de que el propio Supremo ya obligara a revisar la fórmula utilizada inicialmente por no ajustarse a derecho.
Más de diez años de retraso en la liquidación
La sentencia reprocha al Ejecutivo la prolongación del procedimiento administrativo, que supera ya la década desde la quiebra de las concesionarias.
Según el Tribunal Supremo, el proceso para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado ha sufrido una demora «más que prudente», por lo que considera que no existe justificación para seguir retrasando la liquidación definitiva de unas concesiones extinguidas hace años.
Con este nuevo pronunciamiento, el Alto Tribunal mantiene la misma línea jurisprudencial que ha aplicado en resoluciones anteriores relacionadas con el rescate de las autopistas radiales, obligando al Estado a revisar nuevamente el cálculo de las indemnizaciones conforme a los criterios fijados por la Justicia.
Un rescate heredado del ‘boom’ inmobiliario
Las autopistas afectadas forman parte del grupo de nueve infraestructuras de peaje impulsadas durante el Gobierno de José María Aznar, en plena expansión económica y del mercado inmobiliario. Sin embargo, la fuerte caída del tráfico tras la crisis financiera provocó la inviabilidad económica de las concesiones.
En el caso de la R-3 y la R-5, la concesión fue adjudicada en 1999 a un consorcio integrado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años. Las vías comenzaron a operar en 2004, pero en 2012 la sociedad concesionaria entró en concurso de acreedores.
Posteriormente, la deuda financiera fue adquirida por fondos de titulización y entidades como TDA, Bothar y Kommunalkredit, que pasaron a ser los principales interesados en el cobro de las futuras indemnizaciones derivadas del rescate.
Actualmente, las infraestructuras ya no están gestionadas por Sacyr, sino por la sociedad pública SEITT.
Sacyr mantiene legitimidad para recurrir
Aunque las indemnizaciones no se abonarán directamente a Sacyr, el Supremo considera que la constructora conserva un interés legítimo para impugnar el cálculo realizado por la Administración.
La sentencia aclara que el procedimiento no persigue reclamar la deuda financiera original, sino determinar correctamente la cuantía de la responsabilidad patrimonial asumida por el Estado tras el rescate de las concesiones.
Este criterio permite que las constructoras que participaron en los proyectos puedan seguir recurriendo las liquidaciones cuando consideren que no se ajustan a la legalidad.
Más de 1.680 millones desembolsados
El rescate de las autopistas quebradas ya ha supuesto un importante coste para las arcas públicas, aunque la factura definitiva continúa abierta.
Hasta la fecha, el Estado ha desembolsado 1.684 millones de euros por las distintas concesiones rescatadas, una cifra que previsiblemente aumentará una vez concluyan las revisiones pendientes de varias liquidaciones.
Entre las indemnizaciones ya reconocidas figuran 319 millones de euros por la A-36, 307 millones por la AP-7 Alicante, 278 millones por la AP-7 Cartagena-Vera, 134 millones por la R-4, 46 millones por la M-12 y 41 millones por la A-41. En el caso de la R-2, el coste provisional se mantiene, por ahora, en cero euros.
La nueva sentencia del Supremo vuelve a poner presión sobre el Gobierno para cerrar definitivamente uno de los procesos administrativos y judiciales más prolongados derivados del rescate de las autopistas de peaje construidas durante el auge inmobiliario.
