La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido que la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica implica un «fuerte trasvase de recursos» desde la administración central. Consecuentemente, ha alertado que podría dejar al Estado en una situación «precaria».
El análisis realizado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente evalúa el borrador que envió hace unas semanas el Gobierno a las comunidades para reformar el sistema de financiación, del cual ha señalado que agrava los problemas de «riesgo moral» de las autonomías y obvia la responsabilidad fiscal.
Además, subraya, el borrador introduce mecanismos de nivelación con una lógica «más que discutible» que beneficiarían a Cataluña. La aprobación del acuerdo, señala Fedea, cuenta con la oposición de la gran mayoría de las comunidades, incluyendo territorios con gobiernos socialistas, y previsiblemente solo contará con el aval de Cataluña y Canarias.
Fondo de Statu Quo
Uno de los puntos más críticos para Fedea es la naturaleza del ‘Fondo de Statu Quo’, que el Gobierno plantea como una compensación indefinida y actualizable con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE), una propuesta que supone para Fedea un «vicio» que dota al sistema de una inercia excesiva.
«Si nadie puede perder posiciones en términos relativos, nadie puede ganarlas tampoco, lo que hace muy difícil realizar los cambios en la distribución de la financiación que serían necesarios por razones de equidad», ha destacado.
IVA colegiado
La propuesta también contempla que las comunidades reciban 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente, alcanzando una financiación total en torno a los 224.500 millones.
Fedea critica que el incremento de la capacidad tributaria, con la subida de la cesión del IRPF al 55% y del IVA al 56,5%, se utilice para financiar competencias singulares mediante tramos adicionales de IVA de hasta el 90%.
En contraposición, plantea rescatar la idea de un «IVA colegiado» donde las comunidades asuman colectivamente el coste político de las subidas impositivas necesarias para afrontar gastos crecientes como el envejecimiento.